El último mes y medio, el foco mediático se ha centrado en la campaña del exjuez Francisco Serrano (Vox) contra la legislación de violencia de género, exjuez que fue inhabilitado por perjudicar a una madre sobre el periodo de custodia de su hijo respecto al padre.
A la manifestación feminista que hubo frente al Parlamento de Andalucía el día en que se votó la institución del Gobierno tripartito entre los partidos segundo, tercero y quinto en los resultados electorales del 2 de diciembre, la llamó de manera calumniosa kale borroka, término que todos sabemos estuvo relacionado con la violencia del terrorismo en el País Vasco. Sin embargo, una de las posiciones políticas de este señor más preocupantes, e igualmente perjudiciales para uno de los sectores más débiles de la sociedad, ha sido contra los albergues y comedores sociales, que en buena medida van dirigidos a los indigentes, y que argumenta como estigma con que ello aumenta la delincuencia. Las políticas sociales son atacadas no solamente contra las mujeres, sino también contra los pobres, que bien han podido caer en esta situación por razones económicas, sociales o de salud. El modelo de España que estos señores proponen no es solo contra la ley de violencia de género, contra el Estado autonómico, contra los distintos modelos de familia, la educación pública, la atención de inmigrantes o la concordia frente a la crisis territorial sino también contra los recursos residenciales y de comidas para indigentes, valor humano que comporta el sustrato ético y moral de una sociedad.
