WEwl presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, expondrá hoy en el palacio de la Moncloa al lendakari, Juan José Ibarretxe, las razones por las que su plan no prosperará en el Congreso de los Diputados. Lo hará dentro de la normalidad institucional de un encuentro entre presidentes y ciñendo el tema a su debido ámbito parlamentario, desoyendo las invitaciones a gestos más radicales.

Cuando Rodríguez Zapatero exponga en ese marco y de esa forma que no hay negociación posible sobre un proyecto que tiene la envoltura formal de una reforma estatutaria pero que supone una enmienda --esencial-- al espíritu y la letra de la Constitución española, hará dos cosas. Cumplir con su obligación y respetar el compromiso de cambio de procedimientos que le hizo a los electores. Porque el expresidente José María Aznar, que con su desdén ahondó la brecha entre el País Vasco y el resto de España, no actuaría así. Y tampoco le ofrecería a Ibarretxe la solución de dar marcha atrás y reiniciar el replanteamiento vasco por la vía escrupulosamente constitucional que utiliza, por ejemplo, Cataluña, que es lo que le pedirá hoy en la Moncloa.

Frente a la disyuntiva que plantea Ibarretxe (aprobar el texto en Madrid o convocar un referendo ilegal) y la respuesta que hubiera querido darle el PP (suspensión de la autonomía y ofensiva judicial contra el máximo dirigente de Euskadi), Zapatero y el PSE dan una alternativa. Que el Parlamento vasco redacte una nueva propuesta de reforma estatutaria sin vicios de origen, con participación de todos los partidos democráticos y dentro del marco constitucional.

Este planteamiento tiene un único riesgo, que además es ajeno a Rodríguez Zapatero: que lo anulen quienes demonizan la vía que por ejemplo plantea Cataluña. En este sentido, hay que agradecer que Josep Piqué, de forma frontal, y Mariano Rajoy, por un camino más indirecto, digan desde dentro del Partido Popular que el frentismo de Mayor Oreja es irresponsable y no conduce a ninguna parte.

Tras la traición de Aznar al modelo constitucional del Estado de las autonomías, era evidente que no tendríamos una reconducción del problema sin tensiones, dudas y resistencias demagógicas. Pero éste es un tiempo que, aunque parezca un tanto sombrío por los crujidos que permiten oír todo lo que dejamos atrás, exige que se haga política. Política de Estado, como la intenta hacer Zapatero, y política de máxima responsabilidad, que es a la que están obligados tanto el PP como las fuerzas nacionalistas.

Porque existe la posibilidad histórica de avanzar de una vez. Y, tal como están las cosas, renunciar a avanzar no nos dejaría donde estábamos antes, sino que equivaldría a situarnos en el escenario nacional más deteriorado y enfrentado de cuantos hemos vivido desde el final del franquismo.