El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Badajoz y Fuente de Cantos ha investigado a un vecino de Montemolín por un presunto delito contra la fauna por abatir con una carabina de aire comprimido cinco especímenes de Ibis Eremitas. Aves estrictamente protegidas en peligros de extinción e incluidas en el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies de la Fauna y Flora Silvestre (Cites).
Las aves habían nacido en Andalucía, gracias al Proyecto de reintroducción de dicha especie que estaba clasificada como 'extinta' en el catálogo regional de especies amenazadas de esta comunidad. El proyecto estima que hay unas 90 parejas en la región andaluza, por lo que la pérdida de estos cinco especímenes jóvenes supone una importante merma para garantizar la consolidación de este ave en el núcleo reproductor.
Fueron los técnicos del proyecto los encargados de dar aviso a la Guardia Civil al detectar la inmovilidad de la señal del emisor GPS que portaban para su seguimiento vía satélite justo cuando un grupo de seis especímenes jóvenes habían realizado un vuelo de dispersión desde Cádiz hasta Montemolín.
Los agentes iniciaron la búsqueda junto con agentes del Medio Natural de la Junta de Extremadura, localizando tres cadáveres de dichas aves en las inmediaciones de un edificio de Montemolín, y con posterioridad, Agentes del Medio Ambiente de Andalucía en la provincia de Cádiz, recuperaron otros dos cadáveres. Todos ellos, presentaban signos evidentes de haber sido heridos por disparos correspondientes a balines de un arma de aire comprimido.
Con las indagaciones llevadas a cabo por el Equipo de investigación del Seprona de Badajoz y Fuente de Cantos, pudieron implicar en el ilícito penal a un vecino de dicha localidad.
Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Zafra y la Fiscalía Delegada de Urbanismo y Medio Ambiente.
Las penas que el vigente Código Penal observa para este tipo de delitos se incrementan cuando se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción. Por ello, podría llegar a suponer pena de prisión de hasta dos años o multa hasta veinticuatro meses, así como inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar.
