La problemática generada por las viviendas ilegales de Trujillo preocupa a cierto sector de la ciudadanía y a los representantes políticos de los vecinos. Por eso, el asunto salió a colación en el pleno municipal celebrado esta semana tras preguntas del portavoz socialista, Fernando Acedo.
Acedo pidió al conjunto de la corporación unificar alguna postura porque más de cien familias no saben qué va a pasar con sus inmuebles, según argumentó. El alcalde Alberto Casero le respondió que "es una situación seria para llevarla a debate público", por lo que pidió prudencia a todos los grupos políticos en sus declaraciones. "Si seguimos hablando en los medios de comunicación sobre esto, al final el asunto va a llegar a otras instituciones superiores que van a tener menos consideración", recalcó el regidor popular.
La línea que parece marcar el alcalde es la de ni magnificarlo, ni obviarlo, ya que, aunque señaló que "este equipo de gobierno no va a contratar un equipo de demolición y no es intención nuestra que nadie tenga que derribar su casa", también quiso dejar claro que "habrá que cumplir escrupulosamente la ley y se hará lo que diga el juez".
