El exconcejal de Izquierda Unida Florencio Trujillo se enfrenta a una pena de siete años de prisión por agredir al alcalde regionalista de Majada de Tiétar (Cáceres), Aniceto González, en febrero de 2013, aunque hoy ha declarado que lo hizo en defensa propia.
Por su parte, el alcalde de Extremeños se enfrenta al pago de una multa de 800 euros por cometer una falta de lesiones, aunque en la declaración de hoy en la Audiencia de Cáceres también ha negado que agrediera al exconcejal.
Aniceto González lleva cinco legislaturas al frente del Ayuntamiento de Majada de Tiétar y esta no es la primera vez que se enfrenta en los tribunales a concejales de la oposición.
Las veces anteriores fueron por delitos de injurias y calumnias, aunque esta vez los hechos han sido más graves y han llegado a la Audiencia Provincial.
Según el relato del alcalde, el 2 de febrero de 2013 iba paseando por un camino vecinal cuando se acercó en coche el otro acusado y empezó a insultarle, a lo que él respondió
Añade que al llegar un vecino les tranquilizó y continuó su camino, momento en que Florencio le alcanzó, se bajó del coche "y sin mediar palabra me golpeó dos veces y caí al suelo".
La versión del exconcejal es que el alcalde le insultó y él respondió y que cuando se bajó del coche y se dio la vuelta le golpeó y se tuvo que defender.
Como testigos han declarado el vecino que medió, quien no ha precisado quién inició la pelea y que "vio las gafas del concejal en el suelo y como éste pegó al alcalde", y el teniente de alcalde que acudió cuando escuchó las voces y que "no vio al alcalde agredir al concejal".
La fiscal considera que el detonante estuvo en un acto público del 31 de enero en donde el alcalde presidió la presentación de una bolsa de trabajo "y fue increpado por el entonces concejal" y que, por lo tanto, "se dan todo los elementos de atentado a la autoridad".
En cambio, la defensa del concejal, ejercida por Luis Expósito, ha argumentado que se trata de un delito de lesiones no de atentado a la autoridad y ha señalado que los testigos "no son fiables por tener intereses con el ayuntamiento".
El abogado del alcalde, Estanislao Martín, por su parte, se ha adherido a la petición del Fiscal y ha apuntado que la pena no sea nunca inferior a los 4 años.
Asimismo ha hecho hincapié en los daños físicos -perdió una pieza dental-, y psicológicos -dejó de acudir a los plenos durante 10 meses para no encontrarse con el concejal-, que le ocasionó los hechos a su cliente.
