La jueza de Barcelona Elisabet Castelló levantó ayer el secreto decretado hace cuatro meses sobre la investigación abierta por los presuntos abortos ilegales cometidos en las clínicas barcelonesas del ginecólogo Carlos Morin. Unos de los datos relevantes que se han conocido ahora es que la Guardia Civil se incautó de todas las historias clínicas de las pacientes que se habían sometido a la interrupción voluntario de su embarazo en el 2007 en los centros de este facultativo. La Guardia Civil todavía está revisando los 2.780 historiales que fueron confiscados en los registros realizados a finales de noviembre del año pasado.
La jueza relata en el auto que el secreto de la causa fue acordado en su día para poder llevar a cabo investigaciones respecto de los hechos "que cabía de considerar graves dada la existencia de indicios suficientes" de que en las clínicas de Morin se practicaban interrupciones de embarazo que están fuera de los supuestos permitidos por la ley.
El escrito de la jueza desvela que la Guardia Civil tomó declaración a algunas de las mujeres que abortaron en las clínicas como imputadas que permitieron corroborar que "el aborto les era practicado sin más requisito que su mera solicitud, sin ser sometidas al más somero examen psicológico".
