El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que en octubre pondrá sobre la mesa la reforma que limitará las posibilidades de abortar ha provocado que buena parte de la sociedad contenga el aliento, incluido el sector más moderado del PP, inquieto ante la posibilidad de que el Ejecutivo se pase de frenada y apruebe una norma excesivamente severa.
El partido no conoce los detalles de una norma que se está cocinando en secreto, más allá de las declaraciones genéricas y en ocasiones contradictorias que ha ido lanzando el ministro. De ellas se desprende que se baraja despenalizar el aborto solo en tres supuestos aún más restrictivos de los que estuvieron vigentes desde 1985 hasta el año 2010 (violación, riesgo para la salud de la madre y malformaciones fetales). De ahí que diputados y dirigentes conservadores del ala menos radical no escondan, en privado, su inquietud ante la reforma que marcará la agenda política el próximo otoño, si es que el plazo anunciado por el titular de Justicia se cumple. Los anteriores quedaron caducos por las tensiones que la propuesta de reforma legal ha provocado en el Consejo de Ministros.
El nerviosismo entre los conservadores se acrecienta porque el partido carece de un argumentario interno al que acogerse para defender la contrarreforma. La doctrina a seguir la marcó la secretaria general, María Dolores de Cospedal, cuando las declaraciones de Gallardón a favor de abolir el derecho de abortar si el feto sufre malformaciones provocaron, allá por mayo, el primer incendio en el PP. La número dos sentenció que el partido no fijará su posición hasta conocer el proyecto. Un pronunciamiento diametralmente opuesto al apoyo mostrado hacia otras leyes. En esta ocasión la impresión en el PP es que, salvo cambios de última hora, el nucleo duro del Gobierno cocinará la ley en solitario y los retoques no llegarán hasta el trámite parlamentario.
