Llegó al ayuntamiento de Aldeacentenera en junio del año 2015, tras ganar las elecciones de la mano de Extremeños, y estuvo hasta enero del 2018, cuando fue expulsado con una moción de censura precisamente por las presuntas irregularidades que se estaban produciendo en el consistorio. Carlos Cabrera fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres acusado de prevaricación administrativa, fraude y malversación de caudales públicos. Se le investiga, entre otros asuntos, por contratar al menos cuatro obras con un arquitecto de Madrid, al que conocía porque era su vecino cuando residía en la capital española. Estos trabajos, que ascienden a 41.693 euros, fueron abonados por el ayuntamiento a pesar de que nunca llegaron a ejecutarse; tampoco se encontraron nunca los proyectos de obra.
Llama la atención, sobre todo, el tipo de actuaciones que presuntamente contrató, ya que se excedían en las competencias del propio ayuntamiento._Una de ellas pretendía el acondicionamiento y la remodelación del colegio público de la localidad, algo que corresponde a la Consejería de Educación. También otra que pretendía mejorar el centro médico, de lo que es responsable el Servicio Extremeño de Salud; otra para realizar la evaluación ambiental del aeródromo y una última para remodelar las calles. Sorprende además el volumen de las obras, muy superior al presupuesto que pueda tener un ayuntamiento de estas características, con algo más de 500 habitantes censados. Precisamente por eso el secretario interventor siempre ponía reparos al pago de dichas facturas, por carecer el consistorio de fondos suficientes. En cambio estos reparos eran después levantados por el propio alcalde. El Ministerio Público cree que lo hacía a través de resoluciones de alcaldía pero él defendió ayer que esos reparos eran aprobados «siempre» por el pleno.
CONTRATO A DEDO
También se le acusa de adjudicar a dedo a otro conocido (eran paisanos cubanos) un contrato de mantenimiento, con una cuantía de 36.000 euros anuales. El convenio se firmó, además, cuando Carlos Cabrera era alcalde en funciones tras haber prosperado la moción de censura y, por tanto, carecía de las competencias para adjudicar un contrato de estas características. Con anterioridad el acusado ya había requerido los trabajos de esta persona, de hecho, a lo largo del 2017, según cree el fiscal, se le abonaron casi 20.000 euros en distintas facturas. Algunas de ellas a pesar de contar también con los reparos del secretario por la presunta ilegalidad que presentaban.
Por último, también se le acusa de cobrar nóminas que presuntamente no le correspondían. En el pleno del mes de junio del 2017 se aprobó la reducción de la compensación económica que Carlos Cabrera recibía como alcalde de la localidad. La moción salió adelante a pesar de que él votó en contra. Sin embargo, según estima en Ministerio Público la gestoría remitió su nómina correspondiente al mes de julio con las cantidades que percibía con anterioridad a dicho acuerdo de pleno. Y lo hizo después de que este les hiciera llegar una resolución de alcaldía solicitándolo.
En esa orden también les pedía, considera la Fiscalía, que se tuvieran en cuenta las vacaciones devengadas desde que entró en el ayuntamiento como alcalde. Ante esta situación la secretaria interventora remitió un informe en el que comunicaba al acusado que lo que había requerido no era posible porque el cobro de las vacaciones no está recogido en el reglamento municipal. Sin embargo, y pese al reparo de intervención, añade el fiscal, Carlos Cabrera llamó a la sucursal bancaria para dar orden del ingreso de dicha nómina en su cuenta corriente. Para ello entregó un documento solo con su firma, a sabiendas de que también debían figurar las de la interventora y el tesorero.
LE RECLAMARON EL DINERO
Tras ello la interventora le requirió que devolviera lo que había cobrado, en total 3.704 euros. El exalcalde, por su parte, aseguró ayer que lo que percibió era lo que le correspondía, como así le hizo saber el colegio de secretarios interventores. «El alcalde tiene 14 pagas, tal y como está recogido en pleno. El colegio de secretarios me dice que en todo caso podría no corresponderme lo correspondiente a las vacaciones pero no el finiquito», aseguró. A día de hoy no ha devuelto ninguna cantidad.
Por estos hechos se le acusa de un delito continuado de prevaricación administrativa, de otro continuado de fraude y de otro continuado de malversación de caudales públicos. La Fiscalía solicita ocho años y medio de cárcel y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público y que devuelva el dinero al consistorio, en total 65.284 euros. La acusación particular, que representa al ayuntamiento, solicita seis años de prisión y su defensa su absolución. Actualmente Aldeacentenera está gobernada por una agrupación independiente, con Francisco Muñoz como alcalde, que ayer declaró en calidad de testigo.
