El registro catastral es una de las herramientas que permite a los ayuntamientos establecer su política fiscal. Así, viene a determinar impuestos como el IBI (impuesto sobre bienes inmuebles), que según las fuentes consultadas representa en torno al 50% de todo lo que recaudan los consistorios. Hay un amplio abanico de tasas fiscales que se fijan en función de este registro
La gestión del catastro es compartida por varias administraciones. La Dirección General del Catastro se encarga de mantener el censo de inmuebles, así como las altas, bajas y demás modificaciones que se realicen. Después son los ayuntamientos los que imponen los tipos de gravámenes a partir de este documento y quienes han delegado la función recaudatoria en organismos autónomos integrados en las diputaciones provinciales.
La falta de actualización también puede permitir abaratar las expropiaciones, ya que uno de los factores que se toman como referencia es el valor catastral. Por tanto, además de para los ayuntamientos, también puede resultar perjudicial para los propietarios. No obstante, según fuentes de Hacienda, cuando el desfase es superior a 20 años se utilizan otro tipo de elementos de referencia.
