Prácticamente ningún cibercafé extremeño cuenta con programas informáticos que restrinjan el acceso de los menores a páginas con contenidos violentos, pornográficos, sexistas, racistas u homófobos, según un estudio llevado a cabo por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE). Igualmente, los usuarios de cualquier edad pueden utilizar sin trabas juegos aunque estén recomendados para adultos, y entrar en chats y foros de cualquier tipo.

De este modo, el secretario general de la UCE, Javier Rubio, indicó que se analizaron 23 ciber en las ocho principales ciudades de la región, "y sólo en uno de ellos (ubicado en Almendralejo) existía un software creado para evitar que se acceda a determinados contenidos".

Rubio explicó que en otras salas se indicó a los representantes de la UCE que el personal del recinto era el encargado de velar porque los niños no accediesen a páginas inadecuadas, "pero este control es poco eficiente, porque el personal difícilmente puede vigilar a la vez 30 o 40 equipos, y estar pendiente también de cobrar o de que no se sobrepase el tiempo asignado".

Además, tampoco podría vigilarse que los menores, aunque no estén en el uso del ordenador, "vean las páginas que está mirando algún adulto".

REGULACION INSUFICIENTE En todo caso, el responsable de la asociación consumidores de la región indicó que "no se pide, ni mucho menos, la prohibición de estas salas, porque tienen aspectos muy positivos, como que permiten el acceso a internet de personas que no disponen de esta conexión en sus hogares, con lo que se contribuye a la alfabetización tecnológica", y agregó que "de hecho, se calcula que el 15% de los usuarios de la red navegan gracias a los ciber".

Lo que sí reclamó fue una regulación eficaz, ya que hoy por hoy no existe ninguna legislación sobre estos centros. En este sentido, Rubio se mostró crítico con la normativa que prepara la Junta, y que ya ha sido presentada a la UCE, ya que, según indicó, "se queda muy corta".

El representante de los consumidores comentó que el borrador del Ejecutivo extremeño, "se limita al control de los juegos de contenido violento". Sin embargo, explicó que "el problema va mucho más allá, y abarca los accesos a determinadas webs".

Así, citó la posibilidad de que se entre en páginas como las que incitan a la anorexia --dando instrucciones para ocultar la situación a los padres--, la adscripción a grupos racistas o chats "que pueden terminar en encuentros físicos con ciertas personas, de cuyas consecuencias todos hemos tenido por desgracia noticias a través de los medios de comunicación".

Por ello, se mostró partidario de una normativa más estricta, "que proteja tanto a los titulares de los negocios como a los usuarios", puesto que "la Administración debe ser tajante en la protección de los menores".

De este modo, sugirió que la regulación incluya la obligatoriedad de contar con programas que bloqueen accesos poco recomendables.

"Hay programas por cien o 120 euros que resultan muy eficaces", señaló Rubio, y agregó, "se puede optar entre vetar determinadas direcciones o, mejor aún, permitir el acceso exclusivamente a unas webs previamente seleccionadas".

Otra medida que recomendará la UCE será que los ciber tengan lugares distintos para adultos y niños, de manera que ningún menor pueda ver "páginas cuyo contenido no es ilegal en España, pero que no deben ser observadas por alguien que aún no sabe procesar de manera adecuada la información que va recibiendo".