Apartir del 7 de marzo, y de manera transitoria pero sin un plazo límite fijado, la velocidad máxima será de 110 kilómetros por hora en lugar de 120 y los precios de los billetes de tren de media distancia y cercanías costarán un 5% menos. El Gobierno anunció ayer por sorpresa un paquete de medidas --a estas se suma el aumento, en principio definitivo, del porcentaje de biocombustible en la gasolina y el gasóleo, que pasará del 5,8% al 7%-- que pretenden ahorrar energía incentivando el transporte público y obligando a consumir menos petróleo por la vía de correr menos. No se quedarán ahí. "La semana que viene le daremos una segunda vuelta", dijo el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, encargado de explicar unas iniciativas únicas en el contexto europeo y que suponen una respuesta tanto a la crisis económica que sufre España desde hace años como a la más reciente crisis energética motivada por las revueltas en Libia. Por el momento, no han contado con el aplauso de casi nadie.

Ni del PP, que criticó el coste que conllevará el cambio de las señales de tráfico y tachó el plan de "improvisación ridícula" propia de un país "como Cuba". Ni de los ecologistas, que argumentaron que estimular el biocombustible ha provocado en varios países la pérdida de bosques en favor de los cultivos que se usan para extraer este carburante verde. Ni de las asociaciones de automovilistas, que la consideraron ineficaz. Ni, en fin, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que sostuvo que los ciudadanos gastarán más en multas por superar el nuevo límite de velocidad de lo que se ahorrarán en combustibles.

CARNET POR PUNTOS Porque habrá sanciones económicas. Eso sí, la reducción, que supondrá un ahorro del 15% en los coches de gasolina y un 11% en los de diésel, no afectará al carnet por puntos, pues el Gobierno considera que "no tiene que ver con la seguridad vial". Tiene que ver con un gasto energético que será, en el caso de la medida en las carreteras, según los cálculos del Ejecutivo, de casi 18 millones de barriles de petróleo menos al año (1.400 millones de euros al precio actual), y, en el caso del aumento del biocombustible, de dos millones de barriles anuales menos: 160 millones de euros.

Mientras el Consejo de Ministros cerraba los últimos flecos de un plan perfilado a ultimísima hora, el precio del crudo era de 111 dólares por barril. Es una cuantía elevada, pero en el 2008, cuando la salud de la economía era peor que la actual, llegó a alcanzar los 147 dólares. ¿Por qué entonces no se tomaron estas medidas transitorias y ahora sí? Rubalcaba, que quiso trasmitir "tranquilidad en lo que se refiere al suministro energético", ligó la decisión a Libia, un país en plena revuelta sangrienta del que proviene el 13% del petróleo y el 2% del gas que consume España, y también, aunque en menor medida, a Egipto, cuya población acabó hace un par de semanas con el régimen de Hosni Mubarak, en el poder durante 30 años. "Una subida de 10 euros en el precio del barril supone un aumento del gasto de 6.000 millones de euros al año", dijo.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo explicaron que la decisión se debía más a motivos "políticos" que económicos. De hecho, se tomó ayer mismo, sin especial preparación, y, según estas fuentes, tiene sobre todo un objetivo preventivo: concienciar a la población sobre la importancia de la eficiencia energética en un momento tan difícil como el actual. Hay que remontarse a la década de los 70 para dar con una iniciativa parecida en las carreteras. En plena crisis del petróleo tras la guerra del Yom Kippur --que enfrentó a Israel con Egipto y Siria--, en 1974 se impuso en España una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, que en 1976, tras el alza del precio del crudo, se redujo hasta los 100. Fue en 1981 cuando se amplió a los 120 que imperaban hasta ahora.

Los próximos capítulos del plan serán la semana que viene, cuando el titular de Industria intente pactar con municipios y comunidades medidas de ahorro energético a esos niveles de la Administración. En principio, el ministro se reunirá el martes con los municipios y el jueves con las autonomías.