Algunos jueces han decidido dejar de acudir unas horas al juzgado o tribunal a administrar justicia incumpliendo su deber constitucional. Es grave, en sí mismo, y como precedente. Parecen haber olvidado que un juez es, por encima de todo, el titular de un poder --emanado del pueblo-- que está facultado para decidir sobre la libertad o prisión de las personas, su responsabilidad civil y penal, las crisis empresariales, las relaciones laborales, el funcionamiento de las administraciones... y así sucesivamente. Actividad y decisiones que no pueden suspenderse por motivaciones de orden burocrático --la modernización de la oficina judicial--, por más que pretendan revestirlas de una aparente trascendencia. En situaciones similares anteriores --gobernando el Partido Popular-- no se plantearon ni llegaron a adoptar una respuesta tan extrema como la actual.

En el libro blanco de la justicia de 1997 ya se reconocía que "la configuración actual de la oficina judicial no satisface a nadie". En el 2001 se alcanzó el pacto de Estado para la reforma de la justicia, en el que se hacía un inventario de las carencias del sistema y se aportaba el propósito del Gobierno de resolverlas. Entonces, los jueces, pese al evidente incumplimiento del gobierno del PP, callaron. Ahora reclaman de forma desafiante e ilegal la respuesta a las propuestas del Plan de Derechos Humanos (en concreto, las medidas 75 a 82) aprobado por el Gobierno el pasado 12 de diciembre. Sorprende tanta movilización para objetivos tan modestos.

Si los supuestos objetivos para una medida de esta naturaleza no lo justifican, la huelga es completamente rechazable. Los jueces carecen del derecho de huelga. Y que no se diga que hay un vacío legal. Es un derecho que el artículo 28 de la Constitución atribuye, después del derecho a la afiliación sindical, "a los trabajadores". Más adelante, se reconoce también a los empleados públicos, como parte de los trabajadores, categoría de la que se excluye expresamente a los jueces y fiscales. Es indudable que los jueces no pueden ejercer ese derecho, por incompatible con su condición de Poder del Estado. Recurriendo a la huelga de un día saben que difícilmente serán sancionados. En todo caso, lo serían por una falta leve. También saben que, a diferencia de los trabajadores y empleados públicos, cobrarán las horas de paro. Es grave, porque refleja una ventaja indebida para un juez. La huelga de jueces, mucho mas que sus motivaciones, ha debilitado el Estado social y democrático de derecho.