Colectivos de discapacitados y de mayores consideran muy positiva la Ley de Dependencia que prepara el Gobierno, pero creen necesario un consenso respecto a la financiación de la misma para mejorar lo referido a la cuantía que deben aportar los beneficiarios de las ayudas, que irá en función sus rentas, según las previsiones del Ejecutivo. Además, avalan el plan sociosanitario preparado por la Junta al considerar que se ha adelantado a esta normativa general y que ayudará a los enfermos dependientes, pese a que tengan abonar parte de la atención social. En cualquier caso, inciden en que al margen de facilitar la ayuda a domicilio, el Estado debe prestar medidas de apoyo a la atención temprana, a la investigación y para adquirir el material necesario para el bienestar de estas personas.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en Extremadura asegura que esta normativa va a suponer "el cuarto pilar de lo que es un Estado de bienestar social", según Eusignio Iglesias, presidente de esta entidad en la región, en la que hay 70.000 discapacitados, de los que más de 20.000 son grandes dependientes, comenta. La cuestión del copago, aclara, es algo que se está estudiando, pero "un dependiente le va a costar en torno a 600 euros al Estado, a pagar entre las tres partes, pero el beneficiario pagará en función de los recursos que tenga, como es lógico".

Iglesias afirma además que en la región se van a prestar mejores servicios en atención temprana, los centros de día y las residencias de forma gratuita debido al plan sociosanitario elaborado por las consejerías de Sanidad y Bienestar Social.

El Cermi agrupa en Extremadura a las asociaciones de discapacitados Apraba, Asindoex, Aspace, Cocemfe, Feafes, Feaps, Fedapas, Fexas y ONCE.

POBLACION ENVEJECIDA Desde la ONCE, precisamente, reiteran que la puesta en marcha de la normativa estatal "es muy costosa y muy complicada", apunta Nicolás Ramos, responsable de Servicios Sociales de esta organización en Badajoz. En su opinión, "lo importante es crear esta necesidad, que se cree la ley, porque a nosotros nos puede repercutir como a gente mayor que tenemos y también como a gente mayor discapacitada".

Por otro lado, señaló que "hay que reconocer el trabajo de la Junta en este sentido, porque hay mucha gente que necesita una atención médica y social", en relación al plan preparado por el Gobierno extremeño.

Además, deber tenerse en cuenta, comentó, que "la esperanza de vida es cada vez mayor por lo que crece el número de personas con discapacidad".

A este respecto, Juan Silva, secretario regional de la asociación de pensionistas de UGT, cree "normal" que cada beneficiario de la futura ley de dependencia "pague en función de cada renta", y argumenta que "según las previsiones del Gobierno, el 50% de la financiación la podrá el Estado, el 40% las comunidades autónomas y el 10% los afectados" (en la región la pensión media es de 555 euros).

En cualquier caso, valora de manera muy positiva la normativa general, así como el plan sociosanitario extremeño, "que se ha adelantado a esta ley".

Del mismo modo se ha pronunciado Manuel López Risco, presidente de Feaps, federación que agrupa a asociaciones de discapacitados intelectuales en Extremadura y que cuenta con 5.000 asociados. Además, considera una "oportunidad magnífica y una ocasión histórica" la ley de dependencia elaborada por el Gobierno central, pero apunta que el aspecto económico "necesita más consenso con el Cermi, habrá que ver en qué circunstancias se hace, pero probablemente sea mejorable".

Además de concretar este aspecto, desde Fedapas, la federación que agrupa a personas con deficiencias auditivas (hay 22.000 en Extremadura), reclaman medidas de apoyo para aumentar la investigación o financiar el material necesario.