Con unos meses de retraso y en funciones, el Consejo de Ministros de ayer dio luz verde al plan nacional que limita las emisiones de los gases más dañinos para la salud. El programa se marca como objetivo una reducción hasta el 2030 de entre el 17% y el 37% de las muertes prematuras atribuidas a polución a través de un paquete de 57 medidas.
Entre ellas destaca la obligación de implantar zonas de bajas emisiones como la de Madrid Central en todos los municipios de más de 50.000 habitantes a a partir de 2023.
El proyecto establece disminuciones más ambiciosas para cada contaminante que los fijados por la directiva normativa europea. Los óxidos de nitrógeno (Nox), por ejemplo, deberán haber disminuido en el 2030 un 66% respecto al 2005, cuando Bruselas exige un 62%; el dióxido de azufre (SO2), un 92% frente al 88%; y el amoníaco cinco puntos más que el 16% marcado por las directivas comunitarias.
En cuanto a las partículas finas (PM2,5), el contaminante más peligroso, el Gobierno se ciñe al 25% exigido por Europa.
Hay un caso en el que España no cumplirá y es el de los denominados compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM). Aquí, la reducción se quedará en el 30%, nueve puntos menos que los exigidos. Este tipo de emisiones están mayoritariamente ligadas a factores de consumo doméstico con una previsible tendencia al aumento por lo que «harán falta medidas adicionales» para evitarlo, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
La ministra del ramo en funciones, Teresa Ribera, explicó que ha explicado que el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) «prevé reforzar el sistema de seguimiento de las emisiones y sus impactos en la salud y en los ecosistemas, de cara a la década 2020-2030», dijo.
Muertes prematuras / Ribera subrayó que el plan «apela en gran medida a cuestiones de salud» después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegurara que la contaminación del aire es el cuarto factor de riesgo de muerte en el mundo y tras constatar que en España «ha causado más de 93.000 muertes prematuras en la última década».
Asimismo, el programa establece una serie de medidas sectoriales y transversales, en consonancia no solo con las políticas nacionales de calidad del aire, sino también con las políticas energéticas y climáticas definidas en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, remitido a la Comisión Europea el pasado mes de febrero. Ribera reafirmó el compromiso del Gobierno con la mejora de la calidad del aire, que «se suma a los planes contra la contaminación que se vienen adoptando en los administraciones», dijo.
