Los gobiernos de Extremadura y Andalucía exigirán al ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, que el sistema alternativo de subsidio agrario que pondrá en marcha para los nuevos jornaleros que quieran entrar en el sistema se tipifique como un "derecho contributivo" y no como una "concesión" o "ayuda asistencial", según confirman fuentes del Partido Socialista. El objetivo de los dos ejecutivos autonómicos es que los trabajadores del campo que se incorporen al sistema tengan la misma paga y el mismo estatus que los 28.700 extremeños y 233.500 andaluces que ya están en él, algo que Zaplana no ha dejado claro en el avance verbal que realizó el domingo pasado sobre la nueva reforma que aplicará en el subsidio agrario.
De esta forma, los Gobiernos regionales se alinean con la postura ya expresada por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que aseguran que si el nuevo modelo del ministro es en realidad un subsidio contributivo y no una ayuda de inserción, desconvocarán de forma inmediata la huelga general convocada para el próximo 20 de febrero en los pueblos extremeños y andaluces.
De momento, el secretario de organización del PSOE extremeño, Ramón Ropero, ya dejó claro ayer que su partido apoyará la huelga general del 20 de febrero. Los socialistas irán más allá, y pedirán a los alcaldes del ámbito rural extremeño que secunden también todas las movilizaciones que organicen los sindicatos en la comunidad en defensa de los jornaleros, puesto que el problema del subsidio "no afecta sólo a los trabajadores del campo, sino que afecta a toda la sociedad rural".
POSIBLE ACUERDO
Aún así, el PSOE extremeño confía en que antes de la fecha marcada para la huelga el Gobierno y las centrales sindicales alcancen un acuerdo que permita anular la convocatoria. Esto sólo será posible, según reconoció, en el caso de que "Eduardo Zaplana, modifique su actitud, que Aznar sea sensato y que retrotraigan la actuación del decretazo en el campo extremeño y andaluz".
Por lo que se refiere al nuevo modelo propuesto por Trabajo, Ropero también aclaró que los socialistas no aceptarán ninguna reforma "que no sea retrotraer las actuaciones del Gobierno de José María Aznar a las de antes del decretazo ". En este sentido, coincidió con los sindicatos en que no se puede sustituir un derecho contributivo por una ayuda asistencial. Por último, Ropero se refirió a la introducción de la figura del tutor personal , una iniciativa que cree que "suena a chiste", informa Ep.
En el mismo sentido que Ropero se pronunció el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, quien insistió en que su formación sólo aceptará el modelo Zaplana si éste reconoce el subsidio agrario como un derecho y no como una concesión. La importancia de este punto, que puede parecer meramente formal, es de una importancia extrema, según recalcó el propio Caldera, puesto que el objetivo final es que "esto sea un derecho, entre otras cosas porque ese derecho da lugar a prestaciones futuras, como son prestaciones de jubilación". "Si el nuevo texto legal reconoce ese derecho subjetivo, lo apoyaremos", apostilló.
En este punto, Jesús Caldera recalcó la importancia de que continúen las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno central hasta que se logre que el subsidio vuelva a ser un derecho y no una ayuda asistencial.
Mientras, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, está convencido de que se podrá hablar de "avances significativos" sólo a partir del momento en el que Zaplana concrete su propuesta en un documento oficial. Y es que el Gobierno andaluz espera que el ministro de Trabajo concrete lo que ya avanzó verbalmente a Ibarra y Chaves, puesto que el texto que remita --se espera que en unos diez días-- permitirá aclarar "si se produce un avance o simplemente fue un comentario del ministro sin mayor fundamento".Zarrías recalcó que sólo hay una solución posible, que pasa porque "en ningún momento se menoscaben los derechos de los trabajadores del campo, y el nombre que le pongan nos da exactamente igual".
