El Gobierno podrá seguir adelante con la tramitación de la reforma del modelo de financiación autonómica. El respaldo de una sola comunidad gobernada por el PSOE será suficiente para ratificar el acuerdo anunciado el domingo por el Ministerio de Economía, y Andalucía, Cataluña y Aragón ya han adelantado que votarán a favor. El interés del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy se centra, por tanto, en conocer qué decisión adoptan el resto de territorios socialistas y si las comunidades del PP respetan las directrices ordenadas ayer desde la dirección de su partido.

El vicesecretario de Política Autonómica del PP, Javier Arenas, y el responsable de Economía, Cristóbal Montoro, se reunieron en la sede de esta formación en Madrid con los consejeros del ramo de las regiones en las que gobierna. Tras el encuentro, los populares cuestionaron el método seguido por el Gobierno y la "falta de garantías" del método. En un comunicado, manifestaron que esta propuesta rompe la solidaridad y adolece de "falta de equidad", además de ser "fruto de un pacto" con ERC y de haberse realizado a espaldas de parte de los ejecutivos autonómicos --aseguran que las comunidades del PP no conocen aún las cifras--.

Desde esta formación, consideran que el modelo es "insolidario", porque "la mayor parte de los recursos adicionales van a parar a las regiones más prósperas" y "castiga en el pasado, en el presente y en el futuro las bajadas de impuestos". Por ello, desde el PP dieron directrices de no apoyar el documento presentado por el Gobierno, dejando la puerta abierta a la abstención o al voto en contra.

Críticas de Galicia y Madrid

En esta línea, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reclamó que el nuevo modelo otorgue a su región hasta 190 millones de euros anuales más de los 590 que, con fecha 2012, le ofrece el Gobierno. Esta es la solución, según argumentó, para compensar los costes de emigración y dispersión. Avisó de que no firmará si no los recibe.

Por su parte, la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que su comunidad no podrá pagar en 2011 sus servicios con el nuevo sistema y explicó que perdería cerca de 1.000 millones en 2010 con este modelo. Por ello volvió a reclamar que el Gobierno central reconozca el incremento de población de unas 300.000 personas y criticó que la región tenga que devolver 5,1 millones de euros. En esta línea, La Rioja reclamó abrir la negociación para que se reciban propuestas de las comunidades, mientras que la Comunidad Valenciana anunció que no renunciará "ni a un solo euro".

El hecho de que las comunidades voten hoy en contra del modelo no implica directamente que lo rechacen y que sigan financiándose con el sistema actual. El de hoy es tan solo un trámite administrativo y las regiones deberán decidir si suscriben el acuerdo o no definitivamente en las comisiones de transferencia que se fijarán con el Gobierno una vez que el documento sea aprobado en el Congreso.

Sí votará a favor del nuevo modelo Canarias, según anunció ayer su presidente, Paulino Rivero. "Será un sí crítico", explicó el líder de Coalición Canaria, que gobierna en el archipiélago con el apoyo del PP.

Las dudas socialistas

Por su parte, desde el Partido Socialista, sus presidentes autonómicos apoyan el modelo, con Andalucía y Cataluña a la cabeza, dos de las comunidades más beneficiadas. El Consell Executiu de la Generalitat catalana aprobó ayer la propuesta y hoy trasladará el sí al Gobierno central. La cantidad que Cataluña espera recibir está entre 3.650 y 4.000 millones de euros adicionales.

También el Gobierno de Aragón aceptó el nuevo modelo por considerarlo ajustado al Estatuto, aunque apuntó que prepara pequeñas correcciones. El presidente asturiano, Vicente Alvarez Areces, se mostró "moderadamente satisfecho" al aumentarse el peso del envejecimiento, dispersión y dependencia y situarse Asturias por encima de la media con 200 millones de euros y 2.977 per cápita. Su homólogo andaluz, José Antonio Griñán, aseguró que apoyará el modelo, al considerarlo "razonablemente bueno", si bien anunció que en la reunión planteará "algunas cuestiones" que quedan por aclarar.

El castellano-manchego José María Barreda manifestó su "opinión favorable" e indicó que a su región le ha ido "bien", a pesar de que su postura era algo distinta hace unos días. Por su parte, el presidente balear, Francesc Antich, valoró la aportación para su archipiélago como un "hito histórico", puesto que ha logrado cerca de 500 millones adicionales, lo que les permitirá situarse en la media estatal.