La Guardia Civil ha detenido en los dos últimos días al menos a once personas por su presunta implicación en el robo de armas ocurrido hace 16 meses en la base militar de Bótoa, en Badajoz, de donde desaparecieron veinte fusiles HK G36 y diez pistolas de nueve milímetros después de que los asaltantes burlasen la seguridad de las instalaciones y forzaran una de las armerías del Regimiento Castilla.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que las primeras detenciones se llevaron a cabo el lunes por la tarde a las puertas del centro penitenciario de Cáceres, cuando cinco de los presuntos implicados salían en libertad bajo fianza tras haber permanecido en prisión preventiva desde el pasado mes de septiembre acusados de atracar en una sola noche cuatro entidades bancarias de tres municipios de la provincia cacereña. Se trata de Marco Antonio C. J. y su hermano J. A. C. J., Antonio A. R., Daniel M. G.; y David M. L., de entre 22 y 30 años y todos vecinos de la capital pacense.
Según recogía el diario ABC, el presunto cabecilla de la banda es Marco Antonio C. J., exmilitar que estuvo destinado en la base de Bótoa. Ni el Ministerio de Defensa ni la Delegación del Gobierno en Extremadura confirmaron ayer este extremo, aunque fuentes consultadas por este diario corroboraron su ingreso en la tropa profesional como soldado del Regimiento Castilla, aunque posteriormente fue expulsado del Ejército.
Las otras seis detenciones, sobre las que no se precisó ningún detalle, se produjeron ayer durante una amplia operación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid y efectivos procedentes de Sevilla, con apoyo de la Comandancia de Badajoz, en la barriadas de Cañada-Moreras y Santa Engracia, en busca de las armas robadas de la base militar o pistas que puedan aclarar su paradero.
La intervención, en la que participaron un centenar de agentes de uniforme y de paisano con numerosos furgones con protección antidisturbios y coches patrulla, y que contó con el apoyo de un helicóptero, comenzó sobre las ocho de la mañana y se prolongó durante varias horas. La Guardia Civil efectuó registros en cinco viviendas de ambas barriadas, en los que estuvieron presentes los cinco detenidos el lunes, que fueron trasladados desde Cáceres.
Se registraron dos casas de la calle Padre Fermín Barba y otra de Ramón María Martínez y Martínez, en Cañada-Moreras, y dos más en Santa Engracia, en domicilios de las calles Gévora y El Olmo. Los agentes intervinieron diverso material, que sacaron de las casas en cajas, aunque al cierre de esta edición se desconocía si entre los objetos intervenidos había armas.
Francisco Marín, padre de uno de los jóvenes detenidos en Cáceres y cuya vivienda fue registrada por la Guardia Civil, explicó que los agentes se llevaron de su casa una chaqueta de caza, una camisa y un pantalón de su hijo, así como las tarjetas de las cámaras fotográficas de dos de sus otras hijas.
El hombre, que defendió de forma insistente que se respete la presunción de inocencia de su hijo, contó que la familia estaba junto a él en el centro penitenciario de Cáceres cuando fue detenido. En su caso, habían pagado una fianza de 3.000 euros. "Nos acorralaron y se lo llevaron con las mismas nada más salir, exigí explicaciones, pero me mandaron al juzgado y al cuartel y allí no sabían nada", contó visiblemente nervioso una vez que terminó el registro en su casa y su hijo se marchó esposado de nuevo.
El amplio despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sorprendió a los vecinos de La Cañada-Moreras, a algunos de ellos aún durmiendo y a otros muchos cuando llevaban a sus hijos al colegio. "Estaba en la cama y he sentido un golpe muy fuerte. Me he dado un susto porque creí que habían chocado dos coches y cuando he salido he visto a 30 o 40 guardias civiles, muchos con la cara tapada, en la puerta de una casa", relató un vecino de la calle Ramón María Martínez y Martínez, donde los agentes tuvieron que forzar una puerta.
"He salido de casa para llevar a los niños al colegio y estaba la calle llena de guardias civiles. No sé nada más", decía una vecina de la calle Padre Fermín Barba, que, como otros muchos, prefería no hacer declaraciones sobre lo que estaba ocurriendo.
EXPECTACION Numerosos vecinos se apostaron en diversos puntos de la calles donde se efectuaron los registros para seguir paso a paso la operación, que suscitó gran expectación. Muchos comentaban que conocían a los detenidos y a sus familias porque eran del barrio "de toda la vida", pero no querían dar más detalles. "Hace años que no veía aquí tantos guardias civiles", aseguraba uno de ellos.
Los agentes cortaron el tráfico rodado en las calles donde se llevaron a cabo los registros y solo dejaba acceder a pie a los vecinos que querían acceder a sus casas.
Las investigaciones continuaban ayer por la tarde --El País informó de un registro en una finca de la provincia de Badajoz, aunque la Delegación del Gobierno en Extremadura no lo confirmó-- y no se descartaba que se produjeran nuevas detenciones.
