El mercado laboral exige cada vez trabajadores más cualificados. Por ello, el Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer un gasto de 19.040.000 euros para subvenciones en materia de formación de oferta, destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas, prioritariamente, a trabajadores desempleados. La Junta señala que las acciones formativas proporcionarán a los trabajadores una formación que les capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo. Así, se promoverá la realización de itinerarios integrados de formación para la inserción profesional a través de acciones de cualificación profesional y prácticas profesionales no laborales.

Además, también aprobó ayer el gasto derivado de la convocatoria de subvenciones correspondientes al ejercicio 2011, por importe de 3,6 millones, para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas tanto las diputaciones provinciales como las entidades privadas con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro que realicen acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo.

En este sentido, ha elaborado otro decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo, con el objetivo de regular las ayudas a través de dos programas específicos: para el establecimiento de desempleados como trabajadores autónomos, y para el autónomo que propicie la inserción laboral de un familiar colaborador. Podrán beneficiarse de dichas ayudas las personas que hayan iniciado una actividad empresarial como trabajadores autónomos por cuenta propia, y que cumplan determinados requisitos, tales como ser desempleado a fecha de alta de referencia, que la actividad radique y se mantenga en el ámbito de la región, y que tenga carácter estable.

Por otro lado, aprobó casi 775.000 euros en subvenciones para el próximo año para entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen programas de inserción social con colectivos de personas que están excluidas o en riesgo de exclusión; y autoriza un gasto de 27,8 millones para programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.