La sociedad en la educación es el pilar básico para el éxito educativo.
Los principios básicos de la futura ley deben ser la equidad y la calidad.
Asignación de recursos a los centros de acuerdo con sus necesidades y situaciones en función de proyectos y objetivos.
Los centros deben tener un margen propio de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, incluida la económica.
Reconocimiento y valoración social del profesorado acorde con su papel indispensable en la mejora del sistema.
Incentivar la labor profesional del docente e incrementar su autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Las familias piden más participación en los centros y que ésta no se limite al desarrollo de actividades complementarias.
Más plazas públicas en el primer ciclo de Infantil, y más programas de detección precoz de dificultades de aprendizaje.
Favorecer los hábitos de estudio, la adecuación de las ratios de alumnos, y un aumento de la oferta de ciclos formativos en la modalidad no presencial.
Agilizar al máximo los procedimientos de sustitución del profesorado y la provisión de puestos de personal docente.
Normativa específica para centros de educación especial.
Mayor formación de los docentes para el uso de equipos informáticos y en general se reclama más centros bilingües y secciones bilingües.
Igualdad de servicios para alumnos de la pública y la concertada.
