La atención en el SES a los pacientes de otras regiones tuvo un coste de 5,8 millones de euros, según los últimos datos cuantificados por el Ministerio de Sanidad y remitidos al Servicio Extremeño de Salud. Corresponden a las 225.990 asistencias (consultas en Atención Primaria o especializada, pruebas, urgencias, tratamientos...) que recibieron personas que en el 2018 se desplazaron por distintas causas a la región (turismo, trabajo, visita a familiares....) y tuvieron algún tipo de percance por el que requirieron atención médica. Del mismo modo, los extremeños que se desplazaron a otras regiones a lo largo de ese año necesitaron 130.543 asistencias que supusieron un total de 3,7 millones a los distintos sistemas sanitarios.
En el caso de Extremadura, el ‘saldo’ sería negativo en este punto porque el coste de la atención que presta a pacientes desplazados es mayor que el que suponen los desplazamientos puntuales de los extremeños a otras regiones. ¿La razón? Una de ellas tiene que ver con el turismo, pero la principal, está más vinculada a la condición de Extremadura como región de emigrantes, que retornan en determinados periodos del año (como durante las vacaciones) o que incluso, ya jubilados, pasan largas temporadas en Extremadura (se aprecia un pico de demanda de este tipo de usuarios entre la primavera y el inicio del otoño) en una vuelta a sus raíces. En muchos casos son personas mayores o con enfermedades crónicas por lo que requieren atención médica y pruebas que la sanidad española garantiza a todas las personas.
«Jamás se nos ocurriría reclamar el coste de la atención que prestamos a pacientes de otras regiones que han precisado asistencia en Extremadura por algún motivo mientras estaban en la región. La universalidad del sistema sanitario español es uno de los grandes valores que debemos preservar y todos los sistemas sanitarios somos solidarios», asevera Ceciliano Franco, director gerente del SES.
REGISTROS
Extremadura tenía el año pasado a 79.617 personas inscritas en los registros sanitarios como personas desplazadas, es decir, que están empadronadas en otra región y su tarjeta sanitaria está allí, pero se trasladan temporalmente a Extremadura y lo comunican para poder recibir asistencia de una forma más ágil, especialmente si necesitan un seguimiento. La cifra varía año a año. Pero en todo caso, que estén inscritos no supone que hayan precisado después atención sanitaria.
Todas estas asistencias se compensan a las comunidades autónomas a través de un mecanismo denominado Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), aunque en la práctica no existe ahora mismo una regulación de este instrumento y su funcionamiento, después de que se haya quedado sobre la mesa en varias ocasiones los intentos de desarrollarlo: hubo un borrador de un real decreto en 2015 que se paralizó con la disolución de las Cortes, con Alfonso Alonso como Ministro de Sanidad; en el 2018 hubo otro intento de activar su regulación, sin que se llevara finalmente a cabo. Como consecuencia, en la práctica tampoco se pueden calificar como cuentas pendientes las deudas entre regiones por este tipo de asistencias, porque no existe forma de que puedan reclamarlas entre los distintos sistemas sanitarios (las competencias están transferidas a las comunidades autónomas) y se puedan articular los pagos entre sí. Desde el SES, en todo caso tampoco ven «urgente» abordar ese debate.
Al margen de los pacientes que reciben asistencia en una región distinta a la que gestiona su tarjeta, las regiones también mueven a enfermos a otros sistemas sanitarios para que puedan beneficiarse de servicios y unidades de referencia nacional en distintas enfermedades, patologías o técnicas quirúrgicas (trasplantes alogénicos de médula ósea, grandes quemados, enfermedades raras...). No existe ninguna en Extremadura y la mayoría se encuentran en hospitales de Madrid, Cataluña y Andalucía.
PROGRAMADO
Estas asistencias se gestionan de forma diferente (porque se programan entre el sistema sanitario de origen y de destino), están acotadas y reguladas y también se financian por otro mecanismo, el Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) que no depende de las comunidades autónomas sino del Estado, y que tiene una partida propia en los Presupuestos Generales (PGE). En los últimos que se aprobaron en 2018, se asignaron 4 millones de euros, que se empieza a quedar cortos con la aplicación de tratamientos muy especializados que tienen costes también muy elevados.
«En los consejos interterritoriales ya se ha planteado en distintos momentos la necesidad de dotar de más medios al Fondo de Cohesión», recuerda Ceciliano Franco. De hecho, el pasado mes de marzo llegó a salir a consulta pública un proyecto de orden ministerial para abordar la reforma, aunque luego se quedó sobre la mesa con la convocatoria de elecciones. La cuestión es si el nuevo Gobierno que se acaba de constituir abordará o no ahora esta reforma, si entrará a definir en ella cómo se financiará a partir de ahora la asistencia y si se incrementará la partida presupuestaria como reclaman desde Extremadura.
