El desarrollo de la ley estatal de dependencia supondrá a medio plazo un importante desembolso anual a las arcas extremeñas, tanto públicas como privadas. Y es que en el 2015, cuando ya tendrá que haberse extendido la atención integral a más de 50.000 personas en la región, el coste de los servicios para personas dependientes ascenderá a unos 355 millones de euros anuales, una cantidad de la que aproximadamente un tercio será sufragada por las familias.
Así se desprende de la memoria económica del anteproyecto legislativo presentada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ante el Consejo Económico y Social. Este documento prevé la aplicación del copago por parte de las familias, que tendrán que asumir de media un 33,7% del gasto, aunque la cantidad final dependerá tanto del nivel de renta de los afectados como de los servicios que éstos reciban.
Previamente, y durante ocho años, el sistema de atención a las personas dependientes se irá extendiendo de forma paulatina en toda España, para lo que será necesaria una inversión pública que alcanzará los 25.000 millones de euros y que el Gobierno pretende compartir a partes iguales con las comunidades autónomas. El siguiente paso será ver qué parte de ese gasto debe acometerse en Extremadura y cuánto dinero debe aportar la Junta para ello.
PRIMEROS CONTACTOS El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que dirige Jesús Caldera ya ha iniciado una ronda de contactos con los diferentes gobiernos regionales para explicarles lo que supondrá en cada comunidad el desarrollo de esta normativa y tratar de consensuar su financiación. Desde el Ejecutivo extremeño aún no se ha realizado una valoración oficial del impacto de esta ley y se está a la espera de que se produzcan las pertinentes reuniones con el ministerio.
PRIMERAS VALORACIONES A falta de conocer cómo se llevará a cabo el desarrollo de la norma entre el 2007 y el 2015, los documentos aportados por el departamento de Jesús Caldera al Consejo Económico y Social sí que permiten dibujar el escenario de la atención a dependientes a partir de ese año. En esa fecha, dentro de una década, la atención integral a personas con dependencias graves y severas deberá llegar a algo más de 52.000 extremeños, según se desprende de las primeras estimaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central.
La prestación de servicios a cada una de estas personas costará una media de 568 euros mensuales, de los 375 euros serán aportados por las Administraciones Públicas y los 193 restantes correrán a cargo de las familias.
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