Un operador de campo paga en torno a 20 céntimos el kilo de patata al agricultor. Los tubérculos se cargan en un camión que, en base al recorrido, tiene un coste de entre 2 y 4 céntimos por kilo. Su destino es el almacén donde las patatas se someten a una selección para ver cuáles valen y cuáles no. Las que no pasan el corte, se descuentan del precio pagado al agricultor. Las que sobreviven se clasifican, se lavan, se envasan y se montan en un camión (entre 5 y 3 céntimos) hasta el mayorista, minorista o la gran distribución. Al final del recorrido los costes directos se sitúan en torno a los 0,45 euros. En el supermercado o en la frutería se vende el kilo a 1,25.

Esa es la historia de Alberto Duque, una agricultor vallisoletano que sirve de ejemplo sobre cómo funciona la cadena agroalimentaria. Un sector en el que ningún caso es idéntico, cada agricultor y ganadero, cada materia prima y cada proceso es un mundo, pero en el que resuena la misma queja: los precios bajos en origen hacen caer la rentabilidad de sus explotaciones.

LA CHISPA / Un viejo debate que motivó la irrupción a finales de enero de una serie de movilizaciones regionales que arrancaron a las puertas de la institución ferial de Don Benito y que se extenderán durante todo el presente mes (el 13 en Málaga y Córdoba, el 14 en Asturias, el 21 en Murcia y el 25 en Sevilla). ¿Por qué ahora? La renta agraria en 2019 se situó en 26.000 millones de euros, un 8,6% menos que en 2018, con especial incidencia en la aceituna de mesa, el aceite de oliva, las frutas y las hortalizas.

«Si solo hay el coste del transporte y el margen del mayorista en el proceso, ¿por qué se produce esa diferencia entre lo que cobro yo y lo que paga el consumidor?», se pregunta el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA, Lorenzo Ramos. «Hay muchos intermediarios cuyo único negocio es un teléfono y si no pasas a través de ellos no eres capaz de vender», responde.

A los bajos precios de origen se suma el auge de productos de fuera, el alza de los costes y la presión de la distribución, además de los aranceles de Trump, el debate sobre la futura Política Agraria Común (PAC), que supone entorno al 30% de sus ingresos, o los devenires climatológicos, como sequías o DANAS.

LOS SÚPERS / El Gobierno, que inició esta semana con las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA una serie de encuentros que extenderá a toda la cadena (productores, industria, distribución y consumidores), ha señalado directamente a las cadenas de distribución a través del ministro Planas, que mostró su contrariedad hacia la «espiral de rebajas» de los súper, pero también de Pedro Sánchez, que les pidió «autocrítica».

El Ejecutivo ha descartado que la solución pase por subir los precios al consumidor, sino por «ver cuál es el margen de la cadena» para producir un «reequilibrio» de la misma.

Para ello, Agricultura ha convocado este martes al Observatorio de la Cadena Alimentaria, otrora Observatorio de los Precios de los Alimentos, para volver a realizar estudios de precios. Los últimos datan de hace casi una década.

Desde la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES) que incluye a Carrefour, Eroski o Alcampo explican que su margen es de entre un 1% y un 2%. «Todos los eslabones ajustan mucho los márgenes porque si no tienes un precio competitivo te quedas fuera del mercado», asegura Ignacio García Magarzo, director general de la Asociación de Empresas de Supermercados (Asedas) que integra a Mercadona, Condis o Dia.

Los súper defienden que solo el 7% de la producción interna (20%) de frutas y hortalizas va a las grandes cadenas, pero al Ejecutivo no le convence la excusa: «El hecho de que se destine a mercados exteriores no significa que ese 7% no sea significativo. Todo el mundo tiene que ponerse a la tarea», advirtió el ministro Planas.

PRODUCTORES / Pero también los agricultores y ganaderos tienen deberes. En España hay unos 800.000 productores y 4.000 cooperativas agrarias. El que es el cuarto país en producción agroalimentaria de la UE, no tiene a ninguna de sus cooperativas entre las 50 primeras de Europa. «Al agricultor le pagan la patata al precio que quiere el comprador, no tiene posibilidad de negociar», explica Alberto Duque.

Una mayor dimensión de las explotaciones --a través de la unión de muchas pequeñas-- haría que el ‘poder’ de los agricultores sobre el precio aumentase. «No se trata solo de concentrar la oferta sino que hablamos de oferta, elaboración y venta», advierte, en ese sentido, el presidente de Asaja, Pedro Barato.

Las semillas de la protesta

Las cargas policiales en la protesta de agricultores en Don Benito, las manifestaciones de olivareros en Jaén o los tractores marchando por las calles de Madrid han sido los últimos episodios de un estallido de rabia que se lleva cultivando desde hace décadas en el campo español. Los bajos precios que perciben los productores agrícolas se traducen en estrechos márgenes de beneficios y estos, a su vez, se traducen en bajos salarios para los trabajadores del sector. Pues el salario mínimo es uno de los sueldos más frecuentes en el campo español y las últimas subidas no han estado exentas de polémica. «Ha sido la gota que ha colmado el vaso», afirma la presidenta de Asaja Barcelona, Rosa Pruna.

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al ejercicio 2018, alrededor de 157.700 trabajadores del sector agrícola a jornada completa, el 34,5% del total, cobraban menos de 1.047 euros brutos al mes.

Una cantidad equivalente a la penúltima subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, en catorce pagas; 1.050 euros si se divide en 12. Dicho incremento de sueldo, por un lado, o de costes laborales para los empresarios, por el otro, ya ocasionó diferentes conflictos laborales en varios puntos de toda España en el 2019.

La subida del SMI provocó, además, que los que no lo cobraban también hayan pedido aumentos.