La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha dictado un auto, con fecha 22 de noviembre, en el que ordena a la Junta que, en un plazo que termina hoy, inicie las valoraciones para devolver el terreno donde se asienta Siderúrgica Balboa, ubicada en Jerez de los Caballeros, a los herederos de los que eran propietarios del suelo cuando se expropió para hacer regadíos, en 1966. La resolución judicial advierte al Ejecutivo regional de que, si no cumple lo ordenado, "podría incurrir en responsabilidad criminal".

El auto es consecuencia de un largo proceso iniciado con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo del 2000, que reconocía el derecho de los antiguos propietarios a recuperar el terreno una vez que terminó el uso para el que fue expropiado.

Ante esta situación, el Grupo Gallardo inició un incidente de ejecución , al considerar que la sentencia no podía ser cumplida por el perjuicio que se causaría a la empresa. Sin embargo, esta tesis no fue apoyada por la Junta, que en un escrito de marzo pasado afirmaba que el fallo podía ejecutarse, y que si la empresa quería una forma distinta de ejecución --indemnizar a los antiguos dueños en vez de irse--, tendría que correr con los gastos.

TIEMPO PARA DESMANTELARLA El auto que resuelve el recurso del grupo industrial apunta que la empresa no está capacitada para oponerse a la ejecución de la sentencia, porque ésta corresponde a la Junta "que no sólo no hizo esa declaración de inejecución, sino todo lo contrario". En todo caso, el juez apunta que si el Grupo Gallardo considera dañado su interés puede defenderlo por otras vías "que no afecten a la ejecución del fallo".

Por otro lado, el TSJEx manifiesta en su resolución que, dada la existencia de una actividad de relevancia económica y social en los terrenos en litigio, se debe dar "oportunidad a la codemandada (Grupo Gallardo) a desmontar las instalaciones existentes".

En cuanto a la Junta, el tribunal le obliga a iniciar un procedimiento de valoración para que los antiguos dueños recuperen las propiedades. Esta valoración responde a que cuando se expropiaron los terrenos se pagó un justiprecio, que es el que deben ahora devolver los propietarios para recomprar la propiedad. En todo caso, este justiprecio no tomaría en cuenta el valor del suelo según su actual calificación, que es industrial, sino en su uso originario, es decir, agrícola, con lo que los antiguos propietarios recuperarían las tierras por unos 180.000 euros.

El auto de 22 de noviembre fue precedido por otros dos este mismo año, tras casi cuatro años de silencio. En el primero de ellos, de marzo, se pidió a la Junta que dijese por qué no podía ejecutarse el fallo del Supremo, y en el segundo, en abril, se instó a la Administración regional a decir cómo iba a cumplirlo. Puesto que la Junta no respondió a este último, es el TSJEx el que ha marcado el modo.

Tras conocer el auto, Juan de Dios Rodríguez Pina, representante de los antiguos propietarios, indicó que éstos están "dispuestos a una solución negociada, que fuese menos traumática, y que no afectase al pueblo de Jerez". En todo caso, Pina indicó que "los culpables de todo son quienes se empeñaron, por encima de las leyes, en poner la industria en el lugar equivocado, como ya advertí en 1992".

Ahora, los antiguos propietarios podrían reclamar una cantidad que, según cálculos anteriores, rondaría los seis millones de euros, si Gallardo quiere mantener la siderúrgica en el lugar.

EL PERIODICO ha intentado, desde el lunes y reiteradamente, conocer la versión de la Consejería de Economía sobre el asunto, pero no hubo respuesta.