WEwl Congreso aprobó la semana pasada por amplia mayoría el derecho al matrimonio de los homosexuales. Como respuesta, cardenales y obispos han reclamado a los funcionarios católicos que boicoteen estas bodas alegando objeción de conciencia. En esta situación, que algunos alcaldes, sobre todo del Partido Popular, pero también algún notorio edil socialista, prefieran obedecer a una jerarquía eclesiástica capaz de decir que cumplir las leyes "lleva a Auschwitz" es preocupante. Adoptar esas posturas en vez de asumir las normas del Estado de derecho demuestra una falta de cultura democrática.
El problema no está en los cargos municipales que prefieran delegar en otros ediles estos enlaces, como ha manifestado a este periódico el alcalde de Mérida que hará en el caso de que le llegue la ocasión. Están en su derecho si de este modo tranquilizan la conciencia. Es distinto el caso de los funcionarios que rechacen intervenir en las bodas gay o de los alcaldes que impidan celebrarlas en sus ayuntamientos. El Código Penal castiga estas actitudes con penas de inhabilitación, perfectamente justificadas si alguien, desde la Administración, se niega a aplicar una ley o intenta impedir que un ciudadano ejerza sus derechos.
