WEw l informe elaborado por la policía que revela la existencia de una trama para la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia desbarata la línea de defensa de los populares, que se han presentado hasta la fecha como víctimas de una conspiración. Al mismo tiempo, deja a la intemperie la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente Francisco Camps, de no atender al contenido del informe so pretexto de que da por cerrado el caso de los trajes, sobre el que en su día hubo de pronunciarse. En ambos casos, el comportamiento de los implicados en el asunto resulta claramente insatisfactorio y, desde luego, no exime al partido de dar pública explicación de su actitud, y a los jueces, de quedar a expensas del órgano de gobierno del poder judicial.

Salvo que quiera abundar en la teoría de la conspiración, sin asomo de credibilidad, el PP no puede pasar por alto que existen sospechas más que fundadas de que el partido se financió de forma irregular, con conocimiento de los colaboradores de más confianza de Camps y a través de Orange Market, empresa de Alvaro Pérez, el Bigotes, implicado en el caso Gürtel. Todo lo cual desemboca en la necesidad de que el partido deje de presentarse como víctima inocente, asuma y depure responsabilidades y, en última instancia, prescinda de quienes se han saltado a la torera todo el articulado de la ley de financiación de partidos políticos.

El empecinamiento de Mariano Rajoy de escudarse en las resoluciones de los jueces valencianos es tan inconsistente como el contenido mismo de las decisiones del tribunal. Si no hay forma humana de separar la relación personal de De la Rúa con Camps del comportamiento de la sala, que exoneró al presidente valenciano de toda culpa en el caso de los trajes, aún es más difícil hacerlo cuando los magistrados optan por no entrar a considerar el informe policial que pone en entredicho la financión del PP valenciano. A partir del momento mismo en que De la Rúa no renunció a intervenir en la causa seguida contra su amigo Camps, todo el procedimiento quedó contaminado a ojos de la opinión pública. De ahí que tan urgente sea, para la dignidad de la política, reabrir la causa contra Camps y sus adláteres como, para preservar la dignidad de la justicia, activar los mecanismos de supervisión de la labor de los jueces.