La intervención del presidente valenciano, Francisco Camps, en el debate de política general celebrado en el Parlamento autonómico consistió en una maniobra de distracción política rayana con el desprecio a la Cámara. Mientras el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantaba parcialmente el secreto del sumario del caso Gürtel en el que están imputadas 71 personas, y en el seno del PP suman cada día más las voces que esperan que Camps tome cartas en el asunto, este se dedicó a escurrir el bulto. Y Ricardo Costa, hacia quien se dirigen todas las miradas por la presunta trama de financiación ilegal del partido, se limitó a comprometer una nueva auditoría, a asaetear al ministro Rubalcaba con acusaciones extravagantes y a reclamar que se investigue al PSOE, cuya relación con el caso es inexistente. Se ha afianzado de tal manera la sospecha de que la contabilidad de los populares no es trigo limpio que el partido sufre incluso las acometidas de fuego amigo. Los medios de comunicación más próximos al PP han empezado a engrosar las filas de cuantos estiman que solo la delimitación de responsabilidades puede evitar al partido que se generalice un clima indiscriminado de sospecha. Resulta lógico que así sea porque los presuntos argumentos de autoridad a los que recurre el PP, incluidas las decisiones adoptadas por la sala del Tribunal Superior de Justicia valenciano han tenido un efecto contrario al probablemente perseguido: han alimentado más si cabe la idea de que bajo la alfombra se esconde un gran pastel.
