No era previsible que un político de la experiencia de Josep Antoni Duran i Lleida, portavoz de Convergència y Unió en el Congreso, pusiera en duda la necesidad del Acuerdo para el empleo y la protección social agraria (Aepsa, antiguo PER), que afecta a los jornaleros del campo de Andalucía y Extremadura. Y no lo era porque, aunque nacionalista, a veces ha mostrado una amplitud de miras políticas que trascienden su comunidad, y porque debía de haber previsto que las cañas pueden volvérsele lanzas y que las palabras tienen, a veces, un inesperado efecto búmeran.
La crisis, sin embargo, tiene estas cosas: aboca al lugar común y al tópico, porque no otra cosa es, y de las que suponen una falta de respeto, apuntarse a la ya rancia teoría del ´voto cautivo´ del perceptor del PER, como si recibir un más que menguado subsidio ´comprara´ el voto, mientras que beneficiarse de ayudas caudalosas al sector del automóvil, por poner un ejemplo cercano a la industria catalana, inmunizara a sus trabajadores de cualquier actitud genuflexa ante el poder.
Duran se ha manifestado irresponsablemente --en estos tiempos de crisis estigmatizar territorios supone una irresponsabilidad más grave, porque es precisamente ahora cuando se precisa la unidad de todos-- y lo mejor que le puede ocurrir es que no se adentre por el camino de la afrenta, porque de él nadie sale victorioso. Si acaso los ´hooligans´ de la política.
