WLw a reducción de la factura de la iluminación de las vías públicas es un propósito llamativo del plan de ahorro energético que la crisis económica y la inquietante alza del precio del petróleo han impuesto al Gobierno y que este se lo ha tomado como asignatura urgente.

Se trata de un propósito llamativo y también polémico, porque el Ejecutivo --por otro lado dando un ejemplo, una vez más, de descoordinación-- ha trasladado sus planes a los ciudadanos de forma confusa y hasta contradictoria, lo que ha activado el temor de que empeore la visibilidad nocturna en los espacios públicos, con el consiguiente riesgo de aumento de la inseguridad e incluso, como algunos vaticinan, de las muertes como consecuencia de un tráfico en condiciones más precarias. Por eso conviene desentrañar las claves del debate.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que España es el país europeo con más contaminación lumínica, y aunque reducirla por razones ambientales no sea el objetivo que impulsa el plan del Gobierno, ese exceso indica ya de por sí que nos encontramos ante un margen importante para el ahorro. No mediante la supresión de puntos de luz sino con la sustitución del tipo de alumbrado por otro más ajustado a las necesidades reales (menos potencia) y, sobre todo, más eficiente (mejor relación entre el coste y la prestación). Es sorprendente e insostenible que, según revela un estudio de la Universidad Complutense, España gaste 118 kilovatios/hora por habitante y año en iluminación pública, más del doble que Alemania y 12 veces más que Francia, tal como hoy informamos en estas mismas páginas. Un derroche que es más evidente por contrastar con los puntos de oscuridad que aún presentan no pocas vías públicas.

Para los planes del Gobierno será importante aprender de la experiencia de muchos ayuntamientos, que en los últimos años han ido sustituyendo el alumbrado de vapor de mercurio por el de sodio de alta presión, más eficiente y menos contaminante. Las luces led --la tecnología más moderna y que precisamente ayer se colocó en una zona de Mérida y en el poblado de San Francisco de Olivenza-- supondrían un ahorro aún mayor, pero a efectos medioambientales tienen el inconveniente de su gran refulgencia. Todo ello muestra que nos hallamos en un momento muy oportuno para aquilatar correctamente pros y contras sobre la nueva iluminación de nuestras calles y vías y ensamblar con sentido común los argumentos técnicos y los políticos. En otras palabras, saber hacer de la necesidad virtud y aprovechar el ahorro de costes a que obliga la crisis para disminuir la contaminación lumínica. España no tiene que ser más oscura, sino más sensata y responsable.