Pese a los esforzados desmentidos oficiales por parte del secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, la hipótesis de un adelanto de las elecciones generales al próximo noviembre empieza a ganar peso. En este caso, los desmentidos sirven de poco, igual que ocurría cuando se podía devaluar la moneda: el manual indicaba que había que negarlo hasta el minuto anterior al anuncio.

En el PSOE empiezan a oírse voces favorables al adelanto con el argumento de que quizá la única expectativa favorable al Gobierno en los próximos meses serán los buenos datos que se esperan de la Encuesta de Población Activa (EPA) de finales de octubre, que recogerá presumiblemente el descenso del paro como consecuencia de los contratos propios de la época del verano. En esta hipótesis, las elecciones se convocarían en septiembre, una vez que tenga lugar la conferencia política que revisará el programa político --y electoral-- del PSOE, para celebrarse a finales de noviembre. Uno de los que se ha pronunciado públicamente por el adelanto es el hasta ahora presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que ya se distinguió pidiendo a Zapatero que anunciara su renuncia antes de las municipales y autonómicas. El candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, por su parte, no descartó de plano el domingo una anticipación electoral durante su reunión a puerta cerrada con militantes socialistas catalanes.

Inmediatamente después del 22-M, y ante la exigencia del PP de disolver las Cortes, este diario pidió desde este mismo espacio editorial que los dos grandes partidos pactaran un calendario electoral, que podría incluir un adelanto al otoño o el agotamiento acordado de la legislatura. Las razones para no avanzar los comicios siguen existiendo --la crisis de la deuda y la posibilidad de nuevos ataques de los mercados a la economía española no han desaparecido del horizonte; razones poderosas para llevar las elecciones a marzo--, aunque es cierto que ahora los dos grupos que pueden apoyar al Gobierno para sacar adelante los presupuestos y las reformas pendientes, CiU y el PNV, trabajan ya con la hipótesis del adelanto a noviembre. El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, lo dijo ayer con claridad y en CiU piensan lo mismo.

Es probable que sea mejor acabar las reformas pendientes --negociación colectiva, pensiones, sistema financiero-- antes de ir a las urnas, pero si el Gobierno no cuenta con los votos necesarios para culminarlas y no puede aprobar los presupuestos del próximo año --una prórroga de los actuales no sería de recibo con una situación económica tan complicada--, no habría más remedio que avanzar la cita electoral. A no ser que el PP acepte el pacto que pedíamos a finales de mayo, y en el que nos reafirmamos.