La empresa concesionaria del servicio de autobús urbano de Cáceres, Subus, despidió en la tarde de ayer fulminantemente --mediante un burofax-- a Víctor Ortega, trabajador de la empresa con una antigüedad de 22 años, 20 de los cuales haciendo el trayecto de la línea 5, porque había cometido el delito de contar en este periódico que se le había sancionado con la suspensión de empleo y sueldo durante dos meses tras dos inspecciones en las que la empresa había comprobado que tres pasajeros --en la primera inspección dos adolescentes y en la segunda una señora-- iban sin billete. El coste de los tres billetes ascendió a 2,25 euros. Víctor Ortega, en su carta a este diario, se quejaba de la desproporción de la sanción con el daño del que se le acusa y afirmaba que tenía gastos ineludibles que atender, entre ellos una hipoteca y los derivados de una hija celíaca.
Ahora Subus reacciona despidiendo a Ortega. Si cupiera duda de que el despido se ha debido al desahogo del trabajador en el periódico --ayer no se produjo ningún hecho que determinara la expeditiva forma de comunicar la ruptura de la relación laboral-- se disipan cuando Subus señala que Ortega "ha hecho un juicio paralelo". No existe en el escrito de Víctor Ortega ni tono ni dato que menoscabe la imagen de Subus. Incluso los hechos por los que ha sido sancionado tuvieron lugar cuando era Busursa la concesionaria del servicio y así lo señala, por lo que solo cabe pensar que Subus lo que está castigando aquí es el derecho de expresión de un ciudadano. Si esas son los métodos de la nueva concesionaria, los sindicatos tienen buena tarea por delante para defender la legalidad.
