En los últimos días se están publicando datos en distintos medios sobre los efectos y las consecuencias de uno de los grandes cambios introducidos por la última reforma laboral: los Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).
La reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno del PP modificó sustancialmente el Estatuto de los Trabajadores, suprimiendo el permiso de la Autoridad Laboral por el que una empresa no podía llevar a cabo un expediente de regulación de forma unilateral, ya se tratara de un despido colectivo, suspensión temporal o reducción de jornada.
La situación anterior a la reforma exigía la obligación de la negociación y de llegar a un acuerdo para que el expediente de empleo pudiera seguir adelante, y en su caso contar con el permiso, mediación y acuerdo de la Autoridad Laboral. Se analizó en su momento que sería un cambio muy profundo en el mercado laboral de llevarse a cabo la medida, puesto que en una coyuntura de crisis como la actual podría ser utilizada por los empresarios de forma indiscriminada en todos los sectores de producción.
Cuando apareció esta modificación, los sindicatos avisaron y mostraron su rotunda oposición, puesto que sería un instrumento muy manejado por los empresarios para hacer regulaciones y, en definitiva, proceder a despedir a muchos trabajadores, como así está sucediendo en tan solo cinco meses desde su aprobación por Decreto.
Recientemente desde el Boletín de Coyuntura Laboral del Ministerio de Empleo han sido publicados los datos referidos a los EREs que terminan con pacto y a los que acaban sin acuerdo entre empresarios y trabajadores, pudiéndose afirmar a la vista de los datos publicados, que los sin acuerdo se han disparado, hasta el punto de que en el pasado mes de mayo hubo más expedientes sin pactar que en todo el año 2011.
En Extremadura los expedientes de regulación de empleo vienen aumentando desde la entrada en vigor de la reforma laboral, habiendo sido afectados más de 2.600 trabajadores en tan solo cinco meses, según los datos del Ministerio de Empleo. Nuestra Comunidad por otro lado, en el periodo de mayo 2011 a 2012 ha tenido el mayor incremento nacional en EREs, un 181,7%.
El segundo trimestre de 2012 de la EPA nos aporta unos datos que están en el límite de lo dramático e insostenible en Extremadura. Una tasa de paro del 33,38% y con 53.400 ocupados menos y 49.500 parados más que hace un año. Con la segunda tasa de paro y de actividad más baja del país y sin conocerse resultados después de 9 meses de la firma del famoso Plan de Acción Integral Empleo, Empresa y Emprendedores.
Son argumentos de peso que deberían hacer al Gobierno regional situarse en la línea de la humildad; de escuchar a la oposición en el Parlamento y a la sociedad civil en la calle. Y no deberían tratar sólo de escuchar, sino también de dejarse ayudar, si lo que realmente nos importa a todos es el interés general de los extremeños, porque lo que no es admisible ni creíble es que las respuestas en relación con este dramático escenario que nos ofrecen los datos conocidos, sea la de seguir refugiándose en una "herencia" después de un año de responsabilidad al frente de la región.
