En 1985 se hizo la primera reforma importante del sistema público de pensiones. Diez años después se institucionalizó un mecanismo de revisión permanente, el Pacto de Toledo, que ha servido de marco a los sucesivos cambios que han afectado, sobre todo, a las bases de cálculo, a los años de cotización y a las condiciones de la prejubilación. En el 2011, el Gobierno socialista acometió una modificación más de fondo que implicaba el retraso progresivo en la edad oficial de jubilación hasta los 67 años.

En su afán de que España reduzca su gasto, la Comisión Europea, como ha hecho con otros países en situación difícil como la que nosotros atravesamos, aprieta a Madrid para que acelere la aplicación de esta última reforma. Y Mariano Rajoy , que se negó a apoyar esos cambios cuando estaba en la oposición, ha encargado a un grupo de expertos la elaboración de un informe con sus recomendaciones. El Gobierno no quiere pronunciarse y se limitará a remitir el texto, aprobado ayer, al Pacto de Toledo. En paralelo, ya ha reclamado a los partidos de la oposición para que, ahora sí, apoyen las medidas.

Los expertos son partidarios, efectivamente, de acelerar la entrada en vigor de los cambios, como quiere Bruselas. Y, además, hacen otras propuestas para mejorar la sostenibilidad del sistema. Al margen de la adecuación paulatina de la paga y la cotización, en línea con los pasos que ya se iniciaron en 1985, las de más profundidad son las que afectan a la revalorización de las pensiones, que dejará de ser automática por ley, y la dilatación de la edad de jubilación en paralelo al crecimiento de la expectativa de vida.

Esta última es una iniciativa razonable y necesaria, puesto que cuando se fijaron los 65 años en la década de los cuarenta, la esperanza de vida estaba por debajo de esa edad, mientras que ahora supera los 80. Pero su aplicación exige dos condiciones imprescindibles.

La primera es la prudencia. De lo contrario, se pueden generar unas expectativas tan negativas que afecten al consumo --y a la economía-- de aquellos que aún están muy lejos de verse afectados; incluso de a quienes nunca les afectarán. La segunda es la implementación de incentivos eficaces para prolongar la vida laboral de los ciudadanos. En otro caso, la Seguridad Social dejará de ingresar sus cuotas tempranamente y ellos se verán irremisiblemente empobrecidos.