Peor, imposible. El cierre definitivo de las emisiones de Canal 9 por orden de la misma Administración autonómica que lo puso en marcha --entonces, en 1984, dirigida por el PSOE, y hoy por el PP-- fue un ejercicio de surrealismo que rozó el esperpento. Un final digno de una falla si no fuera porque se trata de un asunto de suma gravedad: más de mil trabajadores han sido despedidos y, sobre todo, la Comunidad Valenciana ha perdido un medio de comunicación que debería haberse convertido en referencia de rigor y una herramienta de cohesión social. Debería, en pospretérito, porque el PP prefirió usar el canal en beneficio de sus intereses políticos y realizó una gestión económica desastrosa de la que obtuvieron grandes réditos grupos privados. Es poco discutible que el tamaño y el coste de las televisiones autonómicas debe someterse a revisión, porque los presupuestos públicos son hoy los que son. Pero eso poco tiene que ver con el obsceno proceso político que ha conducido a la muerte a Canal 9: el PP lo ha exprimido tanto como ha podido y ahora lo deja a los pies de los caballos.
