Nos encontramos en uno de los momentos más decisivo en la historia reciente de nuestro país. Por primera vez en más de ochenta años, la izquierda transformadora vuelve a asumir responsabilidades en el gobierno de España. Las dificultades que ha habido que vadear superaron con creces los augurios más pesimistas. Por fortuna, cuesta normalizar que en democracia el propio Ministerio del Interior trabajara con la Policía y determinadas empresas de comunicación para crear, publicar y replicar durante meses noticias falsas con el objetivo de desprestigiar a una formación política y evitar así que entrara en el gobierno. En medio de tanto ruido hubo que anular una maniobra del IBEX que pretendía hacer vicepresidente a Rivera y a su vez, demostrar que en contra de lo que algunos repitieron hasta la saciedad, sí había números para echar al gobierno más corrupto de nuestra historia reciente. Después logramos armar la única moción de censura exitosa de la democracia y hacer así presidente al renacido Pedro Sánchez a cambio de nada, asumir vetos personales e incluso sufrir una escisión a las puertas de las elecciones generales de abril.

Merece la pena detenerse en analizar los enormes desafíos a los que se enfrenta el nuevo ejecutivo, empezando por el cumplimiento con las expectativas generadas en una sociedad hastiada de su clase política y agotada como consecuencia de los efectos de una recesión económica, que luego de una década de su estallido, se encuentra todavía lejos de haber sido superada. Desde el hemiciclo proviene el estruendo generado por una derecha empeñada en recordarnos los enormes problemas que tradicionalmente tiene para encajar derrotas electorales. Sus últimos exabruptos acusando de golpistas a los recién investidos no son el resultado de una tendencia novedosa. En la misma noche electoral del 93, Gallardón y Arenas denunciaban fraude electoral y apenas un año después lograban quebrar el apoyo de los catalanes al gobierno de González. El último precedente es de 2004. Todavía hoy, no le han perdonado a los españoles que les echaran del gobierno por mentir sobre la autoría del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país.

La mayoría parlamentaria existe y ha hecho posible la investidura, sin embargo, para anticipar las futuras trabas a la acción legislativa, no debiéramos perder de vista lo extremadamente ajustado de aquella votación. El conmovedor esfuerzo por acudir a la sesión por parte de una diputada catalana de Unidas Podemos gravemente enferma es el mejor reflejo de la complejidad del momento político y de la enorme exigencia que requerirá cada paso que se quiera dar en favor de la recuperación de los derechos perdidos.

La primera y más encarnizada disputa será cultural. Algunas pistas lo confirman. Las derechas no tienen interés alguno en entrar en una refriega dialéctica sobre el contenido del acuerdo programático de la coalición. No es casual. Les duele la reforma fiscal, la persecución del fraude laboral o la subida del salario mínimo pero cada vez que abordemos cada una de ellas, elevarán los decibelios de los «vivas a España» y las llamadas a la desobediencia desde una muy exclusiva visión de la libertad individual. Detrás de cada algarada no asoma sino un intento por mantener los privilegios de una minoría que ha salido beneficiada durante los años de aplicación de políticas de recortes. Sólo generando miedo y fractura pueden sobrevivir políticamente quienes no tienen más proyecto de país que destruir lo público y evitar la cárcel.

La debilidad aritmética del gobierno es evidente. Por ello, en esa disputa tanto por el avance en la recuperación de derechos como en la batalla simbólica por redefinir lo que es España y aquello que nos une y enorgullece como españoles, el papel de la sociedad civil se antoja decisivo.

Los ojos de la comunidad internacional van a estar puestos sobre la capacidad de acción que demuestre la cuarta potencia de la Unión Europea en un contexto de crisis del modelo europeo, con la extrema derecha al galope y a las puertas de una nueva recesión económica cuando los efectos de la anterior aún permanecen bien latentes en el seno de nuestra sociedad.

Después de la victoria en las urnas, es el momento de demostrar que, al contrario de lo que nos han contado, España no es aquel país de pillos en el que era muy fácil hacerse rico, sino una sociedad que afronta de la mano y sin dejar a nadie atrás, los grandes desafíos tecnológicos, medioambientales y sociales de nuestra época. En definitiva, podemos estar asistiendo al alumbramiento de una España abnegada y solidaria que se parece mucho más a Aina Vidal que a los delincuentes fiscales de Soto del Real.

El proceso no está exento de riesgos. Los adversarios lo saben y harán todo lo posible por revertirlo. Demostremos que España tiene más hambre de futuro que nostalgia del pasado.

*Secretario general de Podemos Extremadura