El proceso de aprobación por la Unión Europea de un pasaporte covid ha abierto el debate sobre este documento. Por un lado, los países y sectores económicos cuya economía depende de forma crítica de la reactivación de la movilidad, y en especial del turismo, apremian para su aprobación. Por el otro, una discusión más que meramente académica sopesa cómo por un lado favorece un derecho legal consagrado en el acervo legal de los Veintisiete, como es la libre circulación de personas, o vulnera la igualdad entre los ciudadanos europeos. Sostienen los críticos que, mientras toda la población no haya tenido la posibilidad de vacunarse, se dará pie a un cierto grado de desigualdad en función de si se ha tenido acceso a la vacuna, se permitirá desplazamientos de vacunados inmunizados pero que igualmente pueden ser transmisores de la enfermedad y se correrá el riesgo de que la exigencia de pasaporte se extienda a ámbitos no previstos -participación en actos multitudinarios, selecciones de personal y otras. La Comisión Europea, con todo, ha empezado a plantear alternativas para sortear algunas de estas posibles objeciones: su proyecto no es un carnet de vacunación, sino que incluye como requisitos suficientes también haber superado la enfermedad o una PCR negativa reciente, y el acceso a los datos tendrá serios controles.

Siendo las dudas perfectamente legítimas, lo cierto es que el certificado será un elemento dinamizador de los intercambios humanos de todo tipo, singularmente en un sector como el turismo, tan castigado por la pandemia. Como se ha dicho reiteradamente estos días de la vacuna de AstraZeneca, los beneficios que aportará el pasaporte se antojan del todo superiores a otras consideraciones, en este caso de naturaleza jurídica. Porque será sin duda un instrumento de seguridad sanitaria tener la garantía de que quienes circulen libremente por Europa estén a salvo de contraer la enfermedad.

Para economías como la española, otro año en blanco o poco menos del sector turístico sería desastroso, y no es posible la reactivación sin que los ciudadanos de los países de origen y los de acogida se sientan razonablemente seguros. Lo mismo cabe decir de las grandes convocatorias internacionales, como el Mobile World Congress o Fitur, favorecedoras del turismo de negocios, importantísimas para la restauración y la hostelería. Solo mediante garantías sanitarias se desvanecerán los temores de algunas grandes compañías o empresas de cada sector que aún no han decidido entre participar o seguir los pasos de las que ya han renunciado a hacerlo.

Por si estas razones fueran pocas, la premiosidad de la campaña de vacunación obliga a plantear serias dudas sobre la posibilidad de que a finales de agosto esté inmunizada el 70% de la población europea. Aunque no se alcance este porcentaje ha de ser posible la movilización vacacional en condiciones seguras con el volumen y el dinamismo que esperan cuantos viven de este sector.

Dicho lo cual, conviene que las autoridades sanitarias de cada país europeas se esmeren para que la existencia del pasaporte de vacunación no favorezca comportamientos maliciosos o abusivos, no previstos por sus promotores. Favorecer la economía es necesario e ineludible; preservar los derechos de los ciudadanos lo es en igual medida.