La custodia compartida de los hijos en caso de divorcio sin mutuo acuerdo se limitará a casos "excepcionales" y siempre que exista un "informe favorable del fiscal". Así lo acordó ayer a propuesta del PSOE la ponencia del Congreso que tramita la ley de reforma del divorcio. De esta manera se rebajan las previsiones de proyecto inicial remitido por el Gobierno.

El texto redactado por el Ministerio de Justicia abría la posibilidad de que el juez estableciese la custodia compartida a instancia de un cónyuge si consideraba que era lo mejor para el niño, aunque no existiera el mutuo acuerdo. Ahora se especifica que la custodia compartida requerirá el acuerdo entre las partes y que, de no ser así, el juez sólo podrá dictarla de modo "excepcional".

Además del informe favorable del fiscal, el magistrado deberá razonar en otro informe por qué considera que ésta es la mejor forma de respetar el interés superior del menor o menores afectados.

A DISGUSTO DE TODOS El recorte responde a presiones efectuadas desde los colectivos feministas pero, a juzgar por la reacciones recogidas ayer, la modificación ha tenido el efecto de disgustar a todo el mundo. Las ONG de mujeres se ratificaron en que cualquier cosa que no sea limitar la custodia compartida al mutuo acuerdo "es un disparate judicial" y "un descalabro para los niños".

En el otro extremo, la Asociación de Padres Separados, que en su día aplaudieron el proyecto inicial, consideró el cambio una burla. Su presidente, Juan Luis Rubio, declaró: "Para eso no hacía falta una ley". "Se ríen de quienes luchábamos por la custodia compartida. Habían prometido una custodia compartida amplia", añadió.

La ponencia también aprobó introducir en el texto legislativo una enmienda de CiU por la que el Gobierno se compromete a aprobar en el futuro una ley de creación de un fondo de garantía para los casos de impago de las pensiones alimenticias. La enmienda no establece plazo alguno y es la segunda vez que se incluye en una ley.

El mismo compromiso figuraba ya en la ley de violencia de género que entró en vigor a primeros de año. Pese a ello, la coalición nacionalista celebró ayer como un gran logro el haber convencido al Grupo Socialista en el Congreso.

NO TARDARA La diputada socialista Merc¨ Pigem reconoció que con la nueva norma no se crea el fondo de garantía, pero destacó la importancia de que "el Ejecutivo ratifique su compromiso de hacerlo". "Es relevante, además, que lo haga en una ley que excede el ámbito de la violencia doméstica", añadió.

El diputado socialista Julio Villarrubia precisó que la reproducción del mismo texto de una ley a otra no hace más que "recalcar la voluntad política de que eso el fondo se lleve a cabo por el Gobierno". Respecto a los plazos para su aplicación se limitó a indicar que el compromiso es que "se va a hacer no tardando", pero sin dar fecha.