La lentitud de la justicia quedó retratada el jueves cuando una jueza de Martorell se vio obligada a dejar en libertad a dos reclusos acusados de la muerte a goles y navajazos de un joven en el 2003 en una discoteca. El motivo: se ha agotado el plazo máximo de prisión provisional porque el juicio, después de cuatro años, aún no se ha celebrado.
"Me ha dado mucha pena pero lo presentía. Intuición, sexto sentido o amor de madre, pero sabía que eso iba a pasar", explicó ayer Antonia Vargas, la madre de Juan Sánchez Vargas, que murió brutalmente agredido y apuñalado --la navaja hasta llegó a romperse-- la madrugada del 11 de abril del 2003, cuando fue agredido en el interior de la discoteca Open. Tenía 27 años. Tres personas fueron detenidas. Una de ellas está en libertad desde hace tiempo y las otras dos, que estaban encarceladas, han vuelto a pisar la calle, a pesar de estar acusadas de homicidio, hurto de un vehículo, lesiones y malos tratos.
El retraso se ha producido por una serie de situaciones, entre ellas el continuo cambio de titular del juzgado.
