La reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que contempla penas de cárcel para los conductores temerarios y que ha sido aprobada hoy por el Congreso podría estar en vigor el próximo puente de diciembre, según ha asegurado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
La proposición de ley, que ha recibido los votos favorables de todos los grupos, excepto del PP, que no obstante ha respaldado algunas enmiendas, contempla penas de cárcel para los conductores temerarios que superen en 60 kilómetros por hora la velocidad permitida en vía urbana o en 80 en vía interurbana. Esta normativa, que ha gozado de un alto consenso, según ha destacado el ministro, tiene una voluntad preventiva y disuasoria de cara a los conductores temerarios porque "no es explicable que alguien pueda ir a 200 kilómetros por hora en una carretera poniendo en riesgo su vida y la de los demás".
El Congreso ha avalado las enmiendas introducidas en el Senado y que hacen referencia a la mejora de la señalización vial y al plazo de aplicación de la reforma para los conductores que circulan sin haber obtenido nunca el permiso, para los que se establece una moratoria hasta el próximo 1 de mayo, respaldada por el PP, que persigue que puedan obtener el carné en este tiempo.
El presidente de la Comisión de Seguridad Vial, Jordi Jané, ha dicho que la reforma es necesaria porque "protege el interés general", ya que la siniestralidad es la primera causa de mortalidad entre los jóvenes. El año pasado murieron en las carreteras once personas cada día, según Jané, que también ha advertido a los que excedan los límites de velocidad y alcohol en la conducción de que la reforma podría entrar en vigor en el puente de la Constitución.
El objetivo prioritario de la ley, según Victorino Mayoral, del PSOE, es el de acabar con "la impunidad" en la carretera, que generaba una "gran alarma social", y en definitiva que los ciudadanos "tengan más Estado de Derecho en las calles y carreteras". Pero esta reforma no significa, según Mayoral, un "¡todos a la cárcel!" -expresión que ha calificado de "demagógica y carente de solvencia"-, sino la presencia de la justicia penal en las carreteras.
Isaura Navarro, de IU-IC, ha cuestionado durante su intervención la legitimidad de vender coches que superen los límites permitidos de velocidad y ha reivindicado algunas cuestiones, como que se eliminen los "puntos negros" de las carreteras y los guardarrailes, tal y como reclaman los motoristas. El PNV, el BNG, ERC y CC han destacado la mejora que supone la ley y su carácter preventivo, mientras que desde el PP se ha considerado que lo que se pretende es "hacer recaer sobre los hombros de los conductores la incapacidad del Gobierno para desarrollar una política integral de seguridad vial". Para los "populares", ésta es una "gran ocasión perdida" porque no se han tenido en cuenta algunas enmiendas de los grupos que consideraban importantes.
