Los psicólogos forenses que trabajan para la administración de Justicia en España piden un marco de regulación estatal que les reconozca como un cuerpo único, igual que el de forenses o secretarios judiciales, y marque pautas comunes de intervención, ha informado su presidenta, María José Catalán.
La recién creada asociación de psicólogos de la administración de Justicia pretende precisamente mejorar la coordinación en la actividad de estos profesionales "muy dañada", según Catalán, por la trasferencia de medios materiales y humanos de la administración de justicia a las autonomías.
En la asamblea que la asociación ha celebrado en Burgos desde el jueves, que ha terminado esta mañana, ha llevado a cabo la elección de la primera junta directiva, que forman los siete integrantes de la hasta ahora directiva provisional.
La presidenta de la asociación ha explicado que una de sus reivindicaciones es que se incluya la definición de los psicólogos forenses como un cuerpo específico en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
También ha planteado que se definan los aspectos en los que deben intervenir tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En este sentido, uno de los vocales, José Ramón Juárez, ha considerado que esta definición de la función de los psicólogos forenses se debería precisar más en leyes específicas para varias materias, igual que ocurre con la Ley del menor o con algunas leyes de familia.
En su opinión, esto permitiría unificar métodos y prácticas, para avanzar y prestar un mejor servicio a los operadores jurídicos.
María José Catalán ha afirmado que en este momento no se da esa unidad de criterio y actuación, primero porque no hay un marco que indique cuál debe ser el papel de estos profesionales, pero también porque la trasferencia de Justicia hace que muchos de ellos dependan de las autonomías y que haya diferencias tanto en implantación en órganos judiciales como, incluso, en condiciones laborales.
La presidenta de la asociación ha recordado que la figura del psicólogo forense se incorporó a la administración de Justicia española en 1983, cuando se contrataron diecinueve de estos profesionales para los juzgados de familia, sobre todo para ayudar en las evaluaciones necesarias para la entonces reciente ley del divorcio, que se había aprobado en 1981.
En este momento son ya cuatrocientos los psicólogos que trabajan para juzgados en España, no sólo en juzgado de familia, sino también de violencia de género, de menores, de vigilancia penitenciaria y juzgado penales.
Sin embargo, la ausencia de un marco que regule su presencia hace que su reparto sea muy desigual y no tengan toda la presencia que sería "deseable".
De hecho, ha estimado que sería necesario contar con más del doble de estos profesionales para cubrir todas las necesidades en las materias en las que ya están presentes de forma ocasional y también crear plazas en otras, como puede ser la evaluación de discapacidades en el orden civil.
Además, ha considerado "imprescindible" que se exija una formación especializada, con rotaciones y una formación continua para estos profesionales, dado que en algunas comunidades autónomas se prevé esta exigencia pero en otras es suficiente con tener un título de Psicología, sin conocimientos forenses, lo que dificulta ajustar las evaluaciones a los baremos legales.
