La autorización medioambiental que el Gobierno andaluz de PP y Cs acaba de conceder a un hotel de 30 habitaciones en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata, uno de los escasos espacios vírgenes que quedan en el litoral mediterráneo, ha encendido de nuevo todas las alertas. El proyecto está amparado por la normativa urbanística del parque, pero reabre el debate sobre la necesidad de reformar el marco legal que ampara este tipo de actuaciones en espacios protegidos. Y también sobre el modelo turístico que debe primar en los pocos espacios que aún se mantienen a salvo del ladrillo. Las asociaciones ecologistas confían en parar el proyecto en la fase de alegaciones apoyados en la presión social y las más de 80.000 firmas en contra recogidas en apenas dos días.
El proyecto se ubica en el Cortijo Las Chiqueras, situado a poco más de un kilómetro en línea recta de la playa de los Genoveses, uno de los emblemas del parque. Es un conjunto de construcciones de inicios del siglo XX donde ya funcionan un pequeño restaurante y un centro de interpretación de las fábricas de esparto y cereales típicas de la zona, que deberá mantener su uso y en el que esporádicamente se celebraban eventos. Los promotores, Torres y González Díaz SL, son hosteleros locales propietarios de gran parte del terreno del parque natural, que solo en el 20% es de titularidad pública, aunque la administración regional es competente para regular sus usos.
El proyecto guarda cierta similitud con el tristemente famoso hotel del Algarrobico por lo que supone de invasión de espacios naturales. La empresa, que todavía debe tramitar la autorización para la gestión de residuos y el uso de aguas depuradas para riego, ya intentó levantar el hotel de cuatro estrellas en el 2016. Pero el plan se frustró porque incluía nuevas edificaciones, único elemento del proyecto que chirriaba respecto al Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque, vigente desde el 2008 y que no permite aumentar la superficie ya construida. A finales del 2019 los promotores corrigieron ese punto y limitaron el proyecto a la rehabilitación y remodelación de edificaciones existentes, de ahí que hayan logrado la viabilidad medioambiental de un proyecto que no altera el paisaje ni las características topográficas o biológicas del terreno, dice la autorización de la Junta.
Contra la «utilidad pública e interés social» / También el Ayuntamiento de Níjar, en manos del PSOE y en cuyo término municipal se ubica el proyecto, certificó en el 2016 la compatibilidad con el régimen urbanístico del suelo. Según consta en la documentación, se validó apelando a su «utilidad pública o interés social», la fórmula recogida en el PORN para amparar iniciativas turísticas en una parcela catalogada como suelo no urbanizable y de uso agrícola o similar como la del hotel. A ese supuesto interés público de una actividad económica privada se aferran ahora los grupos conservacionistas para tratar de bloquearlo en el proceso de alegaciones, porque «depende de una interpretación torticera de la norma», adelanta Enrique Ruiz, asesor jurídico y miembro de Amigos del Parque. «Es una zona muy antropizada ya -destaca-, pero no es lo mismo un impacto puntual que el trasiego constante de coches, personas y mercancías».
«Tememos que legalmente haya pocos argumentos para frenarlo sin que las administraciones incurran en prevaricación», concede, pesimista, Marcos Diéguez, de Ecologistas en Acción en Almería, encomendándose a la presión social para que las administraciones revoquen el permiso. «Si la ley dice que se puede hacer, no hay más que hablar», zanjó esta semana la alcaldesa.
La otra queja de los ecologistas apunta a cómo se hará compatible el acceso de los huéspedes con las restricciones que el parque impone en temporada alta, cuando se limita el paso de vehículos privados y solo es posible llegar a las playas cuando los aparcamientos están llenos con transporte público.
