El Gobierno ampliará el permiso de nacimiento de 16 a 20 semanas y remunerará el parental

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha anunciado que el Gobierno aprobará "con celeridad" la ley de familias, que se quedó varada la pasada legislatura tras diversos choques entre el PSOE y Podemos y debido al adelanto electoral. En el marco de esta ley y a lo largo de 2024, el nuevo ministro se ha comprometido a ampliar de 16 a 20 semanas los permisos por nacimiento, en cumplimiento del acuerdo firmado entre el PSOE y Sumar previo a la investidura de Pedro Sánchez.

Derechos Sociales se compromete a retribuir cuatro de las ocho semanas del nuevo permiso y a ampliar la baja laboral tras un nacimiento en el año 2024

Además, ha asegurado que "en los próximos meses" el permiso parental de ocho semanas, que se aprobó al final de la pasada legislatura, será remunerado, con el fin de "dar un salto cualitativo en protección social, un paso decisivo en la conciliación y las políticas bienestar". La ministra impulsora de la ley de familias, Ione Belarra, ya trató en la etapa anterior de que el permiso fuera retribuido pero, en la negociación con el PSOE, se quedó en el tintero al igual que la ampliación de los permisos de nacimiento hasta los seis meses, que también defendía Podemos.

Los tres permisos laborales que forman parte de ley de familias fueron aprobados por real decreto poco antes de las elecciones

Poco antes de las elecciones, los tres permisos laborales que forman parte de ley de familias fueron aprobados por real decreto -debido a que la norma decaía con el adelanto electoral-, pero el de ocho semanas salió adelante sin ningún tipo de financiación, es decir, actualmente es como una especie de excedencia que pueden disfrutar los padres con niños menores de ocho años, de forma continua o discontinua, a tiempo completo o parcial.

4 de las 8 semanas

El compromiso del nuevo ministro, que pertenece a Sumar, es empezar a remunerar cuatro de las ocho semanas que permite la baja destinada a favorecer la conciliación. Fuentes de su departamento aseguran que esta remuneración parcial, más la ampliación de los permisos de nacimiento, cumplirá con los requisitos que marca la directiva europea de conciliación que España tiene que cumplir antes de agosto de 2024.

Pueden surgir nuevas fricciones en la negociación con los socialistas, que pilotan los ministerios de Economía y Hacienda

De hecho, estas fuentes señalan que si la ley no se ha aprobado antes de esa fecha, dado que pueden surgir nuevas fricciones en la negociación con los socialistas, que pilotan los ministerios de Economía y Hacienda y, por tanto, el dinero que se puede invertir en favorecer la conciliación, se buscarán otras fórmulas, como puede ser un real decreto, para intentar que ambas medidas entren en vigor en julio y cumplir así con la directiva.

Los otros permisos

Los otros dos permisos aprobados el pasado mes de junio y que ya están en vigor son una baja laboral de cinco días al año, retribuida, que se puede utilizar en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica que necesite reposo, tanto de un familiar de hasta 2º grado como de un conviviente. Este tipo de permiso está incluido en muchos convenios colectivos pero ahora se puede disfrutar en cualquier tipo de empresa.

El segundo permiso se denomina 'por causa de fuerza mayor', se puede distribuir por horas y puede alcanzar un total de hasta cuatro días al año. También es retribuido y el objetivo es que los trabajadores puedan ausentarse del trabajo por razones familiares urgentes, como por ejemplo, cuando un hijo o un dependiente a cargo se pone enfermo y se necesita unas horas o un día para cuidarle.

Las reclamaciones ante las empresas

El ministro Bustinduy ha realizado estos anuncios en la toma de posesión de los altos cargos de su Ministerio, donde se ha comprometido también a aprobar en 2024 la ley de servicios de atención a la clientela, que se quedó a las puertas de llegar al BOE la pasada legislatura. Esta norma, que fue impulsada por el extinto Ministerio de Consumo -competencias que ahora ha asumido Derechos Sociales- cuenta con bastante apoyo y es previsible que se apruebe en los primeros meses del año. Uno de sus objetivos es establecer plazos máximos de espera por parte de las empresas para responder a las reclamaciones y consultas telefónicas.

Cuando la ley entre en vigor, las reclamaciones deberán ser contestadas en un plazo máximo de 15 días y un máximo de tres minutos en las consultas telefónicas. Asimismo, Bustinduy ha afirmado que España se presentará en julio de 2024 al examen voluntario ante las Naciones Unidas para rendir cuenta sobre los avances en la Agenda 2030, que evaluará los 17 objetivos de desarrollo sostenible comprometidos ante la comunidad internacional.