El Defensor del Pueblo alerta sobre la falta de personal en las prisiones, sobre todo de sanitarios

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, denuncia en su informe anual que es necesario disponer de más personal en las cárceles, "formado en diversas funciones y servicios vinculados a la privación de libertad, en particular en el ámbito sanitario". La petición del Defensor del Pueblo tiene lugar tras las movilizaciones que están teniendo lugar en las cárceles catalanas para exigir cambios en los centros penitenciarios a raíz del asesinato de una cocinera en Tarragona.

Preguntado por estas protestas tras entregar el informe correspondiente al año 2023 a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Gabilondo ha indicado que la falta de personal, especialmente sanitario, es el "talón de Aquiles" del sistema penitenciario, aunque ha reconocido que es muy "fácil" decirlo pero realmente habría que preguntar "cuantas personas" desean trabajar en las prisiones. Asimismo, ha recordado que la gestión sanitaria de las cárceles corresponde a las comunidades "y la ley no se está cumpliendo bien" en este aspecto.

• El informe da cuenta de que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) integrado en el Defensor del Pueblo ha realizado 51 visitas a cárceles españolas que han dado lugar a 317 recomendaciones. Las administraciones "han aceptado de forma mayoritaria" las sugerencias referidas a la salud mental y la discapacidad, pero "es necesario avanzar en cuanto a la disponibilidad de personal suficiente". Además, el MNP "ha detectado avances en algunos centros de menores en materia de prevención de conductas autolesivas y para conseguir canales de tramitación seguros y confidenciales pero se requiere mejorar la recogida de datos".El Mecanismo de Prevención de la Tortura también ha efectuado varias recomendaciones referidas a la situación de las mujeres privadas de libertad, que han sido tenidas en cuenta por Instituciones Penitenciarias, que ha creado un grupo de trabajo para detectar la violencia sexual en el ámbito penitenciario.Más quejasEl informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2023 contiene 34.926 quejas, un 13% más que en 2022, 389 solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo sobre ocho leyes y decretos estatales y siete leyes y decretos autonómicos y 288 actuaciones de oficio, 38 más que en 2022. Las quejas son múltiples y variadas, pero muestran los fallos de la administración en diversos ámbitos, desde el sistema judicial a las listas de espera. Y pone el foco en la saturación de los servicios de atención al ciudadano, sobre la imposibilidad de conseguir una cita previa y los años de espera para realizar trámites que pueden marcar la vida de las personas.Respecto a las listas de espera en la sanidad, las quejas ciudadanas se han duplicado, al pasar de 233 en 2021 a 512 en 2023, lo que revela, según la institución, "una creciente tensión en la atención especializada, en menoscabo del derecho a la protección de la salud de los ciudadanos".Los menores no acompañadosGabilondo ha puesto, además, especial énfasis en el problema de los menores inmigrantes no acompañados en Canarias, donde residen más de 5.000 niños y adolescentes. Un día después de que la Comisión Sectorial de Inmigración rechazara el traslado a varias regiones de 470 menores por la oposición de varias comunidades, Gabilondo ha propuesto activar un mecanismo que ya está previsto en la ley de extranjería para compartir la tutela con oenegés, fundaciones o entidades dedicadas a la protección de menores."La experiencia acumulada tras la conocida como crisis de los cayucos, que comenzó en el año 2006, permite afirmar que no es posible que la entidad canaria de protección de menores asuma en solitario la acogida inmediata y la posterior integración de todos estos niños y niñas", afirma el Defensor. "La situación actual exige que, sin más demora, se exploren todas estas vías", abunda.Compartir la tutela con entidades sociales de protección a menores ya se hizo en 2006, un año de récord de llegadas a Canarias, sin abandonar la posibilidad de llegar a acuerdos entre comunidades autónomas.

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