Finales de mayo, principios de junio poco más o menos. Una vez la ley de amnistía esté aprobada definitivamente. Ése es el cálculo de Carles Puigdemont para su regreso a España. Así se lo está planteando según su abogado, Gonzalo Boyé. Asume el riesgo de su detención con la convicción de que nada se podrá hacer en su contra con la amnistía en vigor y que nadie, salvo los ciudadanos catalanes con su voto, dice Boyé, podrá hacer nada para evitar que sea presidente de la Generalitat. Asegura que esto pone nerviosos tanto a Pedro Sánchez como a Pere Aragonés. Se acabó la alegría compartida de ayer. El abrazo entre independentistas ha durado lo que dura un abrazo. El día después, defensa firme de la ley en el Gobierno. Feijóo mantiene el choque, pide la dimisión del presidente. La petición con el dictamen final de la Comisión de Venecia: avala en general las amnistías como canales de reconciliación política pero critica que en España se haya hecho de forma urgente.
