Los nueve imputados --eran diez pero uno de ellos ha fallecido-- en el caso de La Sombra del Moroso por el empleo de métodos ilícitos en el cobro de deudas, como coacciones, amenazas, extorsión e incluso agresiones, no irán a prisión después de que sus abogados y el fiscal llegaran ayer a un acuerdo para imponerles la pena mínima por los delitos que se les atribuían. Esto supone, al no tener antecedentes penales y ser las penas de 2 años o menos, que ninguno cumplirá condena en la cárcel previsiblemente.
El pacto entre los abogados de la defensa y el fiscal llevó a suspender el juicio que iba a celebrarse ayer en la Audiencia Provincial y que se preveía iba a durar al menos dos días, dada la larga lista de imputados, representados cada uno por un letrado diferente, y de testigos.
La denuncia ante la Guardia Civil en enero del 2001 de un vecino de Albalá, al que cuatro de los implicados amenazaron de muerte e incluso golpearon para obligarle a pagar una deuda, destapó una organización dedicada al cobro de morosos que operaba de forma ilícita en diversos puntos de España.
LAS CONDENAS Los que daban las órdenes de cobrar las deudas (Manuel Gómez, José Antonio Armijo, Pedro Pérez, Ignacio Fernández de Piérola y Luis Aguado), responsables de las sociedades bajo las que operaba La Sombra del Moroso, serán condenados finalmente a 2 años de prisión y una multa de unos 1.100 euros cada uno por asociación ilícita, según los términos de la conformación de la que informó ayer el fiscal del caso, Aurelio Blanco.
El fiscal pedía inicialmente por este delito tres años, además de otros dos años por un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos por robar correspondencia dirigida a las personas que tenían que cobrar impagados. La acusación por este último delito se retiró al no haber denuncia de ninguno de los perjudicados.
A los ejecutores de las órdenes y los que ponían en práctica las amenazas y coacciones para cobrar el dinero siguiendo un "manual de trabajo" previamente establecido (Adolfo Díaz, Benjamín Biedma, Angel Chimeno y Fernando Bagües), se les impondrá un año y medio de prisión por un delito de extorsión. El fiscal había solicitado una condena de tres años. Además, Benjamín Biedma será condenado a una multa de 180 euros por una falta de maltrato.
Uno de los imputados en el proceso dentro de este último grupo de ejecutores era José Manuel Cueto, que ha fallecido antes de que el tribunal fijara la fecha del juicio. Cueto estaba también imputado por maltrato.
El fiscal Aurelio Blanco aseguró que los imputados "han reconocido los hechos, su participación y su responsabilidad" en los mismos. Se les atribuye al menos, según la calificación fiscal, coacciones y amenazas a doce víctimas en Albalá, Talavera de la Reina, Alcorcón, Don Benito, Jerez de la Frontera o Almagro.
EL CASO DE ALBALA Manuel R. G. fue la víctima que puso al descubierto los métodos de esta mafia de cobradores. El 30 de enero del 2001 dos sicarios de la empresa se presentaron en el bar Los Pájaros de Albalá para buscarle. Fuera del local, los dos individuos le agarraron del cuello, lo golpearon y le obligaron a entregarles las llaves de su coche, la documentación y a firmarles una letra de cambio por importe de tres millones de pesetas.
A continuación, le dijeron que al día siguiente le esperaban en Caja Extremadura de Torre de Santa María para que les pagara la deuda que debía a Pedro P. B. si quería recuperar el coche, amenazándole con matarlo si avisaba a la Guardia Civil.
Para completar la operación, La Sombra del Moroso envió a otros dos sicarios a Torre de Santa María. Ambos, Angel Chimeno y Fernando Bagüe, fueron interceptados por la Guardia Civil con la documentación para el pago. La posterior investigación judicial del caso, con diversos registros en las sedes de las sociedades, permitió desmantelar finalmente la organización.
