Un total de 280 perros se quedarán sin casa en un mes por el cierre de una perrera privada ubicada en el Junquillo que prevé cesar su actividad a mediados del próximo mes de noviembre. Ante esta situación, un grupo de propietarios han expresado a este diario su preocupación por la falta de instalaciones alternativas a las que trasladar a los canes y por el escaso tiempo de antelación con el que han recibido el aviso para que saquen a sus animales de las instalaciones. La propiedad confirmó el pasado jueves que disponen de un mes, tras haberles comunicado oficialmente el cierre el 12 de octubre, aunque ya se lo habían adelantado oficiosamente.

Con 95 perreras individuales en las que la propiedad permite hasta cinco animales, las instalaciones llevan abiertas 24 años y están atendidas por Ramona Herrador Iglesias e hijos. La razón del cierre está motivada por la venta de los terrenos donde se ubica la perrera para la construcción de viviendas sociales del Proyecto de Interés Regional del Junquillo, auspiciado por la Junta de Extremadura en esa zona. El asesor jurídico del propietario, Angel Fernández, explicó que tanto el responsable de la perrera como los de otras propiedades "se han visto abocados a negociar con la Administración la venta de los terrenos o asumir la expropiación", que en el caso de la residencia canina ha fructificado en un acuerdo para la compraventa de un solar de más de 5.400 metros cuadrados a Gisvesa (Gestión de Infraestructura y Suelo para la Vivienda de Extremadura S. A.), sociedad vinculada a la Agencia de la Vivienda.

Asimismo, dejó claro que los propietarios "se ven obligados a abandonar las instalaciones porque si no les expropian", y que, hasta principios de este mes, no se ha cerrado la operación de venta, además de tener que cumplir los plazos marcados para abandonar las instalaciones.

Estas explicaciones no convencen a los dueños de los perros que exigen una solución para poder trasladar a los animales a otro lugar. "Queremos que nos den al menos uno o dos meses más antes de cerrar", afirmó Vidal Gamonales, uno de los afectados. Más contundente fue Menchu Gil, que aseguró sentirse "engañada y robada" por el propietario de la perrera porque no le dijo que iba a dejar de funcionar y dijo estar dispuesta a encerrarse con sus perros antes de que se clausure. También denunció, sin nombrarlas, a otras perreras "que se están intentado lucrar" con el cierre. "Ahora pagamos 30 euros y ya se están pidiendo hasta 50", subrayó.

SIN ALTERNATIVA Los afectados añadieron que es inviable reubicar a cerca de 300 perros en otras instalaciones en tan corto espacio de tiempo, aunque aceptaron que las instalaciones tengan que derribarse por la construcción de pisos. "En Cáceres no hay perreras disponibles para meter a tantos animales, como mucho para 35. ¿Qué hacemos con el resto?", se preguntaron.

Este diario contactó ayer con otra perrera privada en el polígono ganadero y gestionada por Regino Carbonilla, que aseguró disponer de espacio para acoger a animales, aunque no concretó en qué cantidad y a qué precio. Esta fue una de las soluciones que ofreció la residencia del Junquillo a los dueños de canes.