Unos sesenta integrantes de la plataforma de afectados por los problemas de las viviendas sociales de Aldea Moret presentaron ayer un escrito en el registro del ayuntamiento para pedir que se "anule" el cargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de sus pisos. Según la información que han recabado en el Registro de la Propiedad, y que entregaron ayer, no están obligados al no constar como propietarios. Se trata de una nueva vuelta de tuerca dentro del proceso iniciado hace meses por parte del ayuntamiento, para regularizar 270 viviendas entregadas en 1987 y 1988, aún sin escriturar.
La mayoría de los vecinos se niegan, tres décadas después, a subrogarse ahora a una hipoteca y formalizar la escritura pública. Afirman que antes habría que reparar las deficiencias de las viviendas, "ya detectadas desde el principio". De hecho, esos defectos y el retraso de la certificación del final de obra hasta 1994 impidieron rematar el trámite, que sí se llevó a término en otros bloques similares en Moctezuma y Espíritu Santo. Por ello, los inquilinos explicaron ayer que antes de dar esos pasos deben tener en su poder la cédula de habitabilidad y la memoria de calidades de sus casas, que todavía no les han facilitado. "Nos han enviado al edificio Valhondo a buscar en diez cajas llenas de documentación, una tomadura de pelo", declaró ayer José Rodríguez, portavoz de la plataforma.
"El IBI no nos lo habían cobrado nunca, ha coincidido este año con el proceso que ha iniciado el ayuntamiento", señaló Rodríguez. "Deben retirar el cargo porque no queremos figurar en ningún sitio como deudores", subrayó. Muchos vecinos siguen pidiendo "un parque público de alquiler social" para poder seguir en sus casas en régimen de arriendo. "Los políticos deben tener en cuenta que somos personas y que este proceso llega en un momento muy delicado. La crisis afecta, por desgracia, a los trabajadores", indicó la plataforma.
La plataforma reiteró que no son "ilegales", sino "ciudadanos normales". "Aldea Moret está muy castigado por el paro y cuando falta el único sueldo en una casa, falta todo, incluidos los derechos. Hay familias que viven con 326 euros y otras sin nada, recurriendo a Caritas", afirmó José Rodríguez. Las ayudas del Instituto Municipal de Asuntos Sociales, agregó, "son puntuales y no nos dan garantías para hipotecarnos por 30 años, además muchos vecinos ya son mayores y pasarían la deuda a sus hijos". Finalmente, los inquilinos reiteraron su disposición a "pagar una vivienda digna siempre que cada cual pueda, pero no éstas, en tan mal estado".
Por su parte, la alcaldesa se refirió ayer al asunto y comunicó que la asesoría jurídica de los servicios sociales ha mostrado a los vecinos un informe que determina que es más barato escriturar las viviendas que pagar un alquiler social. "Este ronda los 200 euros en Aldea Moret, mientras que si las escrituran deberían pagar entre 50 y 90 euros. En el caso de los dúplex no superan los 100", precisó. "Les pedimos la regularización porque es lo más coherente", agregó.
"MENOR COSTE" Elena Nevado insistió en la conveniencia de hacer las escrituras públicas por su "menor coste" y porque los vecinos "podrán contar con los recursos del ayuntamiento". "Quienes no dispongan de 50 euros para la hipoteca --afirmó-- se lo pagará el IMAS a través de las ayudas públicas, incluso hemos abierto la puerta al abono de hipotecas a través de las ayudas de emergencia de los servicios sociales. Y respecto a aquellas familias que hayan solicitado la renta básica --prosiguió--, no se les reclamará el importe hasta que no la perciban", dijo.
La alcaldesa aclaró que el alquiler social ya existe y es competencia del Gobierno de Extremadura. Aunque quien desee esta opción tendrá que "entregar" su vivienda, entrar en el baremo de las familias que las necesitan, "y además es más gravoso", matizó. Nevado también recordó que antes de final de año se adjudicarán nuevos inmuebles. "Pero es que en este caso ellos ya han comprado y han firmado una escritura privada, son propietarios, y lo que les pedimos es que eleven a escritura pública ese contrato privado para que se puedan subrogar en los correspondientes préstamos, que además no pueden tener un carácter más social", reiteró.
Respecto al IBI, Elena Nevado subrayó que "quien tenga una vivienda que no sea de su propiedad no estará obligado a pagarlo (...), y quien sea titular tendrá que abonarlo como cualquier ciudadano".
