La economía sumergida, oculta a los ojos del fiasco, ha encontrado en la crisis un gran aliado. En la capital cacereña ha aumentado el fraude a la Seguridad Social más de un 40% en la construcción y el comercio de la ciudad, según las patronales de los empresarios de ambos sectores. Los datos no son del todo fiables ya que las patronales alertan de la dificultad para contabilizar estas irregularidades. De hecho, según los empresarios, todo indica a que el porcentaje es aún mayor, pero no existen datos exactos.

El aumento del desempleo lleva a trabajadores a burlar la ley realizando trabajos por cuenta ajena, sin darse de alta en la Seguridad Social y sin emitir facturas, porque de esa manera pueden ahorrarse hasta un 50%. El sindicato Fecoma-CCOO alerta también de que estas prácticas se llevan a cabo por empresarios, que emplean a trabajadores sin Seguridad Social, por lo que pueden ahorrarse también hasta un 40%. La provincia de Cáceres cuenta ya con 49.661 parados, el 35,09% de la población, y de ellos, 9.743 pertenecen al sector de la construcción.

La Federación de Empresarios de la Construcción de la Provincia (Fecons) recuerda que este año ha triplicado el número de denuncias emitidas a la Inspección de Trabajo. "El problema son las pequeñas obras, por eso pedimos a la inspección que controlen y agilicen los trámites, ya que muchas veces cuando denunciamos, luego va la inspección y resulta que la obra ya ha acabado y no se puede demostrar", explica Joaquín Sánchez, secretario de la patronal Fecons. La situación perjudica también a los empresarios del sector. Según indicó el lunes el presidente de Fecons, Carlos Izquierdo, en una reunión mantenida con la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués: "Estas personas puedan ofrecer presupuestos a los usuarios la mitad de baratos que las empresas que trabajan dentro de la legalidad, por lo que se está castigando y ahogando a las que cumplen", aseguró el presidente, que pidió al consumidor que se niegue a pagar servicios sin facturas, porque al final "eso lo pagamos todos". Carlos Izquierdo hizo referencia, además, a que ha incrementado el número de empresas que trabajan de manera ilegal en la provincia, "sin estar dadas de alta ellas ni sus trabajadores", aseguró.

EL COMERCIO Por otro lado, el presidente de la Asociación de Comerciantes de Cáceres (Aeca), José Rojo, indicó que los casos fraudulentos en el comercio se concentran en la venta ambulante, que ha crecido, a su juicio, cerca de un 40% en las calles de la ciudad. "Hay más crisis y por tanto cada vez hay más gente que defrauda. Por mi casa todos los días pasa una furgoneta vendiendo sandías y melones. Eso es ilegal, igual que el que le pone un cartel de se vende a su coche y lo deja en la calle, práctica que ha aumentado mucho este año", asegura el presidente del colectivo. "Continuamente recibimos denuncias de los comerciantes, que observan en la calle lo que sucede. Está claro que con el problema que hay cada uno tiene que buscarse la vida, pero hay que intentar acabar con el fraude, perjudica a todos", insistió.

MAS CONTROLES Las patronales del comercio y la construcción piden que se incrementen los controles para acabar con la economía sumergida, y así se lo trasladaron a la subdelegada del Gobierno en Cáceres, Jerónima Sayagués, durante una reunión mantenida con ella esta semana. Sayagués aseguró que instará a la Inspección de Trabajo a controlar con mayor intensidad los posibles fraudes. De hecho, una de las premisas del Gobierno central es precisamente erradicar el fraude fiscal y la economía sumergida. En este sentido, el presidente, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que la Agencia Tributaria se verá reforzada con nuevos medios y procedimientos jurídicos de lucha contra estas prácticas delictivas.