Aprovechó el estado de progresivo deterioro físico y cognitivo de Juan Hernández, así como el trato familiar que le otorgaba en la residencia, para convencerle de que debía ser él quien le administrara sus ahorros, sabedor de que el interno había estado muchos años trabajando en Alemania y disponía de una desahogada situación económica. Esta fue la actuación que Miguel Lara Garrido, siendo dueño de una residencia de la tercera edad en Cáceres, hoy ya desaparecida, utilizó para apoderarse de los ahorros de uno de sus residentes, un hecho por el que ahora el Juzgado de lo Penal le ha condenado. Le declara culpable de un delito continuado de apropiación indebida y le impone un año y seis meses de prisión.
Tendrá asimismo que pagar a los herederos del anciano, hoy ya fallecido, un total de 54.805,69 euros, como cantidad sustraída por el acusado a Juan Hernández Silva cuando este se encontraba viviendo en la residencia cacereña, y 1.500 euros en concepto de intereses legales.
Casi cuatro años de lucha judicial les ha costado a los tres hermanos de Juan Hernández demostrar lo que el dueño de la residencia hizo y que fuera condenado, algo que ahora ven cumplido. El titular del Juzgado de lo Penal ha declarado probado que, mediante el engaño, Miguel Lara Garrido consiguió que el 22 de diciembre de 1995 Juan Hernández Silva, que entonces contaba 68 años de edad y vivía en la Residencia Santilar, sita en la calle Gómez Becerra 11, le otorgara poder de representación, quedando así autorizado para gestionar su patrimonio.
APROPIACION Cuando le otorgó al dueño de la residencia poder de representación Juan Hernández era titular de tres cuentas corrientes, además de fondos de inversión por un valor total de 35.506,12 euros. De todo ello dispuso como cotitular, y desde 1995, el acusado, que tras la muerte del anciano, en el año 1999 y cuando contaba 72 años, ordenó la venta de los valores, por un total de 25.338 euros, y ya como único titular de las cuentas de ahorro dispuso del dinero de las mismas mediante cheques que cobraba en caja.
Además, transfirió diversas cantidades contra los fondos de las cuentas, como por ejemplo 122.277 pesetas para abonar una factura de compra de lencería a una empresa proveedora de la tienda de su esposa, o dos millones de pesetas a favor de su hija para ayudarle en la adquisición de una vivienda..., hasta que las cuentas quedaron con un saldo de cero pesetas.
Hacía algo más de cuatro años de la muerte de Juan Hernández Silva cuando sus hermanos Antonio, Agustina y Rafaela Hernández Rubio fueron, mediante auto judicial, designados sus herederos, "pero no pudieron disponer del dinero de las cuentas de ahorro de Juan, ni del valor de sus participaciones en los fondos de inversión, ya que el acusado lo había incorporado a su patrimonio", recoge como hechos probados el titular del Juzgado de lo Penal en su sentencia condenatoria.
Han pasado 12 años desde que Miguel Lara Garrido convenciera a Juan Hernández Silva para que le otorgara poder de representación y comenzara a apropiarse del patrimonio económico del anciano, y casi cuatro años desde que los familiares del anciano iniciaran su lucha judicial, pero finalmente la justicia les ha dado la razón. Se ha reconocido que el que fuera dueño de la residencia en la que vivió Juan Hernández se apropió indebidamente de su dinero, y ha sido condenado por ello.
En un principio se acusó también a la mujer y la hija del acusado, pero el juez no aprecia su implicación y las absuelve.
El inmueble, pendiente de reedificacion
En el inmueble que acogió la residencia de ancianos propiedad del condenado, el número 11 de la calle Gómez Becerra, un cartel instalado en su balcón anuncia la próxima construcción de apartamentos. El antiguo geriátrico ya no existe y el edificio está cerrado a la espera de las obras.
