Empieza el frío y, con él, el drama de una realidad escondida y olvidada por quien tiene la responsabilidad de velar del bienestar de sus ciudadanos. Se trata de la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada por carecer de recursos para pagar la factura energética.

Sólo trabajos como el presentado por la Asociación de Ciencias Ambientales coloca en el tablero un problema que afecta a los sectores más vulnerables y que una sociedad medianamente avanzada no se puede permitir, es lo que se ha dado en llamar pobreza energética, término que sí es estudiado y tenido en cuenta por otros gobiernos como el británico y que considera que destinar más del 10% del gasto doméstico a la factura energética es excesivo.

En España, sólo un intento de institucionalizar estos problemas mediante el observatorio de la sostenibilidad, formado por instituciones y fundaciones, y que después de publicar su informe de 2012 en el que se indicaba que la pobreza energética generaba entre 2.300 y 9.300 muertes al año, el gobierno central se encargó que desapareciera. Este amplio abanico de consecuencias inaceptables puede concretarse en 7.200 muertes al año producidas por tener la vivienda a temperatura inferior a 18ºC según criterio de la Organización Mundial de la Salud.

HACE ALGO más de un año hacíamos mención a los datos que la ACA publicaba en su informe Pobreza Energética en España 2012 que hacía foto fija de la situación en 2010. Ahora con los datos de 2012, publicados en el informe del 2014, podemos comprobar cómo la situación empeora. Según la encuesta de presupuestos familiares en 2012 los hogares que destinaban más del 10% de sus ingresos al pago de la factura energética supusieron el 17% (7 millones de ciudadanos) frente al 12% en 2010 (5 millones de ciudadanos). Ante este desolador panorama, la ACA señala en su estudio que 4 millones de ciudadanos se declaran incapaces de mantener su vivienda a temperatura adecuada, medio millón de personas más que dos años antes.

En la pobreza energética influyen tres factores. El primero de ellos es el precio de la energía, que si tenemos en cuenta que se ha incrementado un 60% desde el 2007, el mayor de toda la UE, y la continua desregulación del sector por parte de los poderes públicos, poco margen de actuación tenemos los ciudadanos. El segundo es la renta familiar, que ha disminuido un 8,5% desde 2007, siendo España, después de Grecia, el país de la UE con mayor incremento del riesgo de pobreza y exclusión social en el periodo 2007-2012 (Eurostat 2014), por tanto es un parámetro difícil de modificar a corto plazo.

La tercera es la calidad de la vivienda, la capacidad de mantener una temperatura adecuada para reducir la demanda de energía, cuestión clave en un país donde no hay normativa de aislamiento hasta el año 1980, actuando la mayoría de los inmuebles como si tuvieran las ventanas abiertas en invierno, siendo la única vía la rehabilitación para evitar la pobreza energética. Recordar que los programas de ayudas públicas a la rehabilitación además disminuyen las emisiones de CO2, generan empleo estructural, disminuyen gasto sanitario y reinvierte a la administración vía impuestos más dinero del destinado a ello.