Opinión | EL APUNTE

Lo difícil que es a veces invertir en Cáceres

La legislación es garantista, eso es muy bueno, pero no lo es que un proyecto para solo edificar unas naves y urbanizar casi 4 hectáreas lleve ya una tramitación de 7 años   

Parcela donde se proyecta el parque comercial de medianas empresas, está entre la avenida del Ferrocarril y Carrefour.

Parcela donde se proyecta el parque comercial de medianas empresas, está entre la avenida del Ferrocarril y Carrefour. / EL PERIÓDICO

El pleno del ayuntamiento aprobó en mayo de 2017 la consulta de viabilidad que presentó la agrupación de interés urbanístico (los propietarios de los terrenos) para el desarrollo de la parcela que está entre la avenida del Ferrocarril y el hipermercado de Carrefour con el fin de construir un parque comercial para medianas empresas, parecido al que se hizo hace casi dos décadas junto a la ronda norte (con varias naves de diversas marcas y distintos sectores -está dentro del residencial Ronda y, entre otros operadores, están Electrocash, Sprinter y Aldi-).

Han pasado 7 años, también estamos en mayo, y será ahora cuando se apruebe el programa de ejecución y aún queda empezar con la urbanización y que se vean máquinas en la parcela. Es cierto que la legislación es garantista y eso es muy bueno ya que asegura el cumplimiento de las normas del plan de urbanismo para el desarrollo en condiciones de la ciudad. Pero también es cierto que 7 años para tramitar un programa es excesivo, una demora que desanima a cualquier inversor.

El programa de ejecución se presentó en el otoño de 2017, dentro del plazo tras la aprobación de la consulta de viabilidad, pero el visto bueno inicial al documento no se produjo hasta 2021, una vez incorporada al expediente la información requerida por el ayuntamiento y corregidas las observaciones hechas por los técnicos. El programa contiene la documentación para desarrollar la urbanización de la parcela, además de un estudio de tráfico. Y desde octubre de 2017 la agrupación tiene presentada en el ayuntamiento la garantía, que se corresponde con el 3% del coste previsto de las obras de urbanización. 

Se tardó casi 4 años entre la presentación del programa de ejecución y su aprobación inicial con todas las correcciones e información adicional requerida. A esto se sumó el litigio, en el papel y no en los tribunales, que mantuvo Pronorba, que aseguraba ser propietario de parte del suelo.

Y después vinieron las alegaciones y los informes sectoriales. En resolverlos, con el último de Demarcación de Carreteras que era desfavorable, se ha tardado tres años. Solo reclamó Pronorba, pero se desestimó por el ayuntamiento al considerar que el estudio de detalle, documento del programa de ejecución, es válido como alternativa técnica para desarrollar las condiciones que el plan de urbanismo establece para la parcela y al estimar que el programa se tiene que tramitar conforme a la Ley del Suelo de Extremadura de 2001, ya que el expediente se inició en 2017, antes de entrar en vigor la nueva ley, que es de 2018.

Y luego están los informes sectoriales, hubo, entre otros, de Demarcación de Carreteras, Adif (la vía del tren es el límite sur de la parcela), Desarrollo Rural (por la misma pasa una vía pecuaria), la Confederación del Tajo y la dirección general de Sostenibilidad, que al final resolvió que el proyecto de urbanización se tenía que someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada. Su resolución se publicó en enero de 2023 y, como era de esperar, concluyó que no era previsible que el proyecto fuese a producir efectos sobre el medio ambiental.

Pero la mayor traba ha estado en el informe de Demarcación de Carreteras, que era desfavorable a la propuesta de conexión de la parcela con la avenida del Ferrocarril. Con la legislación estatal de Carreteras no se podía autorizar el acceso directo, planteándose la ejecución de una vía de servicio paralela a la avenida del Ferrocarril, posibilidad desestimada por los promotores por su coste. La solución tomada es que la avenida pase a ser de titularidad municipal, ya no entra en consideración la normativa estatal, no se hace la vía de servicio, aunque las condiciones del acceso a la parcela desde la avenida se tendrá que informar por los técnicos del ayuntamiento para conectar convenientemente las áreas urbanas con el acerado y los ajustes en los viales de acceso y salida de la parcela.

El trámite para aprobar el programa de ejecución se ha cerrado después de siete años. Ahora queda que se inicien las obras. Al final, si no hay más inconvenientes, habrán pasado diez años entre que se presentó la idea y se pueda entrar en los espacios comerciales que se oferten.

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